Se agarran a un informe del secretario general que descarta casos análogos al de Dívar
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó hoy por
unanimidad ponerse a disposición del Congreso de los Diputados y del
Tribunal de Cuentas para dar cuenta de sus gastos y actividades de forma
individual y pormenorizada, pero no accedió a entregárselos
directamente a los medios de comunicación para zanjar esta polémica.
La portavoz de la institución, Gabriela Bravo, considera que su decisión es suficiente
para acabar con la "sombra de sospecha" que se cierne sobre ellos desde
que su presidente, Carlos Dívar, dimitiese por cargar a las arcas de la
institución sus gastos de fin de semana en localidades distintas a la
de su residencia.
Bravo destacó además que un informe del
secretario general del Consejo, realizado a partir del análisis de los
listados de liquidación de los viajes de todos los vocales, descarta
casos análogos a los de Dívar, es decir, desplazamientos de fines de
semana y a lugares distintos a sus residencias habituales. Pero el
informe, añadió la portavoz, está a expensas de exámenes más exhaustivos que podrían detectar algún caso que considerarían "sumamente excepcional".
En
cualquier caso, hoy no han hecho público tampoco el contenido concreto
del informe. El Pleno pretende con su puesta a disposición del Congreso y
el Tribunal de Cuentas para informar colectiva e individualmente de sus
gastos superar "la pérdida de credibilidad y confianza y el descrédito"
ganado ante los ciudadanos, por unos hechos que circunscriben a la
actuación de Dívar. Los vocales del bloque progresista Margarita Robles,
Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz, apoyados por Margarita
Uría (propuesta para el Consejo por el PNV), propusieron que el Consejo
no sólo "se pusiera a disposición" del Parlamento sino que se dirigiera
formalmente a los presidentes de las comisiones de Justicia del Congreso
y el Senado para informar de esa disposición. Los otros 15 vocales no
apoyaron esta petición, y se abstuvieron, por lo que no fue aprobada.
Respecto a los viajes internacionales de los vocales,
Bravo señaló que fueron fiscalizados por la Comisión Permanente y
propuestos por las distintas comisiones del Consejo, "en cumplimiento de
sus funciones y para contribuir al prestigio de la justicia española"
en el exterior. Los vocales gastaron en 2011 una media de 21.393 euros
en viajes y protocolo. Hoy aprobaron un plan para fiscalizar esos
desembolsos, que entre otras cosas establece que los vuelos se hagan en
clase turista si son de menos de tres horas de duración, y que la dieta
por alojamiento en territorio nacional no exceda de 102,56 euros.
Publicado eo 28/06/2012 en www.publico.es
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