Conforme se acerca el 29 de marzo, día de la huelga general, muchos funcionarios de Justicia muestran sus dudas sobre si apoyar la huelga, o creen que la reforma laboral no afecta a los funcionarios y que si bien no están conformes con la misma no existen motivos para hacer huelga. Para CCOO de Xustiza no hay duda alguna: hay que apoyar la huelga porque están en juego, más que nunca, los derechos que hemos conseguido a lo largo de los años todos los trabajadores.
Lo fácil ante la huelga es decir, como hace el CSI.F, que como no se ha agotado la vía parlamentaria (¿¿ignoran que el PP tiene mayoría absoluta??) o que como todavía no se han presentado los presupuestos generales del Estado (se presentan al día siguiente de la huelga), no hay motivos segundar la huelga; o como hace el STAJ, al que no le parece bien el ataque a los trabajadores pero que como no afecta de momento a los funcionarios de Justicia no ve razones para unirse a la huelga. Lo difícil es comprometerse en la defensa de nuestros derechos y de los servicios públicos y hacer huelga; sin embargo, en CCOO estamos convencidos que la única forma de avanzar, o simplemente de no retroceder en nuestros derechos, es comprometiéndose y enfrentándose a quien quiera recortarlos.
Que nadie se engañe: la reforma laboral no se ha hecho para crear trabajo, o posibilitar que una vez que la crisis mejore algo haya mejores condiciones para la creación de empleo. La crisis es simplemente la excusa perfecta para recortar derechos a los trabajadores e inclinar definitivamente la balanza a favor del empresario o la Administración, a los que hay que dar todo tipo de posibilidades y facilidades para contratar y despedir, para modificar condiciones de trabajo, de horarios, de movilidad, de reducciones de jornada, de no cumplir lo pactado en el convenio colectivo, de rebajar el sueldo, de no pagar indemnización alguna en caso de despido, etc, haciendo del trabajador una herramienta de usar y tirar. No quieren trabajadores, sino esclavos de un sueldo con el que poder sustentar a nuestras familias aun a costa de la renuncia de nuestros derechos, conseguidos tras años y años de lucha y compromiso de todos los trabajadores. Todos tenemos un pariente, familiar o amigo que trabaja en el sector privado y que es directamente afectado por esta reforma laboral; pero no solo ellos: los funcionarios de Correos, desde que se privatice, podrán ser despedidos; los laborales de la propia Dirección General de Xustiza (limpiadoras, psicólogos, asistentes sociales, peritos, etc), podrán ser despedidos, como lo están siendo ya las limpiadoras del Ministerio de Defensa, y ellos también pasaron un proceso selectivo para su nombramiento, como los funcionarios.
De todas las huelgas generales que ha habido en España, ésta es la que más justificación tiene. Los derechos que perdamos ahora, como consecuencia de esta reforma o de la inminente aplicación de la misma a los funcionarios públicos, no los vamos a volver a recuperar. No estamos ante una rebaja de sueldo, que al final se recupera. Estamos ante una pérdida de derechos laborales como nunca la ha habido. La crisis puede justificar medidas que impliquen mejorar la competitividad, pero estas medidas no la mejoran, el Gobierno aprovecha la ocasión para recortar derechos a los trabajadores. Estas medidas tampoco ayudan a los parados, pues no crean empleo y éste se vuelve precario, esclavo y bajo el absoluto dominio del empresario o la Administración.
Las circunstancias justifican más que de sobras que todos los funcionarios de Justicia nos unamos a la huelga general. Estamos ante una huelga en defensa del respeto y de los derechos de todos los trabajadores, que se ven gravemente atacados con la reforma laboral. Los funcionarios también somos trabajadores, y que nadie lo dude, las mismas medidas que se van a aplicar a los trabajadores, a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores, son aplicables a los funcionarios, bastando para ello con una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público o de la LOPJ, para lo que basta la mayoría absoluta del PP en el Congreso. ¿O es que hay que esperar a que reformen estas leyes y recorten, ahora sí directa e inevitablemente, nuestros derechos, para ponerse en huelga? Ya será tarde, no habría nada que hacer, y no esperemos que los demás trabajadores y opinión pública en general se solidaricen con nosotros si nosotros, los funcionarios públicos, somos los primeros en excluirnos en esta huelga general en defensa de los derechos de los trabajadores, como si nosotros no fuésemos trabajadores. Difícil será, por ser funcionarios, que nos despidan, pero que van a cambiar sustancialmente nuestras condiciones de trabajo a peor si no podemos remedio cuanto antes, no lo dudéis.
Estamos también ante una huelga en defensa de los servicios públicos, incluida la Administración de Justicia. Cada día vemos en televisión las concentraciones en Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha, Galicia, etc, debido a que los recortes en los servicios públicos están suponiendo un grave deterioro de los mismos, que va a afectar directamente a cómo realizamos nuestro trabajo. Lo que está pasando en Cataluña es un claro ejemplo de lo que puede pasar en el resto de España.
El Gobierno de Cataluña, con el apoyo del PP, ha aprobado numerosos recortes en el sector público, incluida la Administración de Justicia, acordando entre otras medidas la no contratación de interinos para cubrir bajas, la rebaja del sueldo del 3% en la paga extra de verano, un nuevo recorte del 2% en la paga extra de navidad , la reducción de jornada y sueldo del 15% a interinos , la congelación del plan de pensiones, la reducción del número de asuntos propios, etc. Asimismo prevé la posibilidad de que los departamentos de la Generalitat (salvo Educación y Sanidad) varíen a técnicos y administrativos sus condiciones de trabajo, sea el horario, las funciones de su puesto de trabajo e incluso su ubicación geográfica. Y ello, con el apoyo del PP. ¿ Y si todas estas medidas se hiciesen, con carácter global, para todos los funcionarios públicos de España, incluida la Administración de Justicia?.
Muchos piensan que aun habiendo motivos más que justificados para hacer huelga, con la huelga general no se conseguirá nada, el Gobierno seguirá adelante y lo único de lo que nos valdrá será para que nos descuenten un día de sueldo, motivo por el cual no harán huelga. Quizás tengan razón. Pero en nuestras manos está, con el apoyo unánime y decidido de todos los funcionarios, que la huelga sólo suponga un descuento de un día de sueldo, y que el Gobierno, ante el apoyo masivo a la convocatoria de huelga, vea cómo todos, trabajadores y funcionarios, estamos en contra de los recortes a nuestros derechos, no justificados por crisis alguna; vea que estamos en contra del recorte de los servicios públicos, como la Administración de Justicia, en la que trabajamos, y dé marcha atrás. Y sólo si el Gobierno ve que nuestra queja es unánime, y que estamos todos unidos en defensa de nuestros derechos, tomará conciencia de que no todo vale en esta crisis, y que existen otras salidas de la misma que nada tienen que ver con el recorte a los derechos conseguidos por los trabajadores y funcionarios a lo largo de los últimos años.
Recuerda: los derechos que perdamos ahora no los volveremos a recuperar. Y estos derechos valen mucho más que un día de sueldo.
EL 29- M DEFIENDE TUS DERECHOS, DEFIENDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CONTRA LOS RECORTES LABORALES Y SOCIALES
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRA LA REFORMA LABORAL
29-M HUELGA GENERAL
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