La decisión fue adoptada tras la quiebra del secreto que se produjo durante la investigación del caso Virgin de Mugardos
Los jueces de Instrucción de Ferrol han reformado las medidas de seguridad interna para evitar filtraciones como la que se produjo durante la investigación del caso Virgin, sobre supuestas irregularidades urbanísticas en Mugardos, asunto ya archivado. Durante uno de los registros llevados a cabo por los agentes de la Guardia Civil encargados del asunto en la vivienda de una técnico municipal se encontró una copia de la querella del Ministerio Fiscal en la que solicitaba que se practicasen intervenciones telefónicas. Este documento, en teoría, era secreto porque de otro modo la medida no tendría efectividad. Es decir, la persona investigada sabía que sus comunicaciones podrían estar pinchadas y, consecuentemente, carecía de toda eficacia la pesquisa. A raíz de ello, la Fiscalía pidió que se incoasen diligencias separadas de las del Virgin para aclarar lo ocurrido.
La Guardia Civil examinó el documento hallado en casa de la técnica, sobre todo para determinar las huellas dactilares que pudiesen haber quedado impresas sobre los folios. Sorprendentemente, parece, no aparecieron las de la funcionaria sospechosa por lo que al carecer de pruebas de cargo consistentes el juez instructor optó también por el archivo, con lo que el asunto quedó impune.
En el 2008, la acusada ya había rechazado los cargos repartiendo la supuesta culpabilidad entre otras personas de la oficina judicial, y no solo funcionarios sino a otros niveles. El fiscal había indicado en su denuncia que podía tratarse de delitos de infidelidad en la custodia de documentos oficiales y violación de secreto, castigados por el Código Penal.
Las nuevas normas
El magistrado Alejandro Morán Llordén, que además de juez de instrucción es el decano en la sede judicial local, ha señalado que el principal cambio, para mejorar la seguridad, consiste en que cualquier querella de las características de la filtrada en el caso de Mugardos no entrará en los juzgados por la oficina decanal sino que llegará directamente al juez de guardia.
Con esta alternativa una petición de escuchas, que puede cursar el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o el Ministerio Fiscal, pasa por un reducido número de manos y, en caso de filtración, la responsabilidad quedará más delimitada que hasta ahora.
Las filtraciones, sin embargo, han vuelto a producirse en el caso de los áridos supuestamente contaminantes porque el diputado Escribano fue informado de que era investigado, aunque se cree que la fuga ocurrió fuera de Ferrol, en A Coruña.
Publicado el 30/11/2011 en www.lavozdegalicia.es
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