Trabajadores de Justicia se concentraron ayer, convocados por Comisiones Obreras, en defensa de los puestos de trabajo en los registros civiles. La protesta coincide con el debate parlamentario de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Registro Civil. Según dicho sindicato, unos 3.000 puestos de trabajo podrían verse afectados por la modificación de dicha normativa.
Comisiones Obreras demanda que los funcionarios de Justicia puedan mantener el derecho a ocupar de forma voluntaria las plazas de los futuros registros civiles.
El sindicato demanda que garanticen las retribuciones totales de los trabajadores de justicia «pero no a través de complementos personales transitorios de carácter absorbido».
Primera medida
La concentración, que coincidió con otras celebradas en diferentes puntos de España delante de los propios registros civiles, es la primera por este conflicto convocada por Comisiones Obreras. La organización anunció que podría haber más.
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Albacete
Decenas de trabajadores del Registro Civil de la provincia se concretaron ayer a las puertas de la sede de este organismo, para llamar la atención al Gobierno, por la reforma de la Ley del Registro Civil, que está en trámite parlamentario y que no refleja cual es el futuro de los trabajadores.
Según explicaba el coordinador regional del sector de Justicia de CC. OO. en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez Riquelme, se trata de unos 3.000 puestos de trabajo en toda España y unos quince o dieciséis puestos directos en Albacete, además de los indirectos. «Creemos que estos puestos de trabajo peligran, porque la reforma no dice nada sobre estos trabajadores, que al ser funcionarios de carrera, podría haber una reordenación de destino forzosa, con lo que los mandarían a cualquier otro órgano, cuando son ellos los verdaderos actores de la tramitación».
Por eso desde CC.OO. quieren que la reforma refleje que es lo que va a pasar con su futuro.
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Guadalajara
El sindicato CC OO reunió a más de setenta funcionarios ayer a las puertas de los juzgados. Estiman que la nueva ley pondrá fin a medio centenar de empleos del Registro Civil en la región. Suman este hecho a la falta de medios y a la ausencia de nuevos espacios judiciales.
Cerca de 75 trabajadores se concentraron ayer a las puertas de los juzgados en la Plaza de Beladíez para protestar por los recortes de plantilla en el Registro Civil, que calculan que puede suponer la supresión de una decena de empleados –unos cincuenta en toda la región–, más agrupaciones de juzgados de paz con funciones de registro civil en el medio rural. Los asistentes a esta protesta, a partir de las once de la mañana, encuadraron esta medida, que puede costar 3.000 empleos en todo el país, en un contexto de mal funcionamiento de la justicia en la provincia: “hace falta reclamar más medios y exigir al Ministerio [de Justicia] que deje de ser tan miserable con esta provincia”, según subrayó Carlos Loscertales, el responsable de Justicia en Guadalajara del sindicato CC OO.
Los manifestantes que secundaron la protesta se concrentaron en las puertas de los juzgados a las once de la mañana, con pitidos de silbatos y mostrando sencillas pancartas en las que se podían leerse mensajes como “en defensa de más de 3.000 puestos de trabajo” o “no a la amortización de plantillas en los registros civiles”. Se movilizaron, como se hizo en varios puntos de todo el país, en solidaridad con los compañeros que perderían su puesto de trabajo, pero también para alertar de una nueva vuelta de tuerca, esta vez “por criterios meramente mercantilistas”, a una ineficaz respuesta judicial para la ciudadanía, según entienden de forma mayoritaria y compartida con algunas formaciones políticas y con instancias como la Fiscalía.
“Faltan juzgados y falta plantilla”, sintetizó Loscertales, que criiticó la situación bajo mínimos de los juzgados de guardia, que “hace falta un nuevo juzgado de lo penal” y “uno nuevo de lo social, porque los trabajadores están sufriendo las consecuencias de escasez de personal, con lo ridículo de reforzar con un magistrado para que ponga sentencias que luego no se pueden ejecutar por falta de funcionarios necesarios”, explicó Loscertales, que criticó también los “serios problemas del juzgado de menores”, “el estado penoso del juzgado de la civil” y “la auténtica calamidad” del de lo mercantil, así como la necesidad de uno de violencia de género y “otro más de lo contencioso”.
La supresión de estos empleos es una derivación de la nueva Ley del Registro Civil, que plantea una reforma para centralizar las oficinas en las comunidades autónomas. De este modo, el personal podría ser autonómico y municipal, de modo que los convocantes de la protesta se temen que haya hasta 3.000 empleos liquidados. “Cabe la posibilidad incluso de que ese servicio se externalice, en lo que sería el colmo de la desfachatez”, criticó de nuevo Loscertales.
“Se va a reducir la oferta de empleo público para acceder a esos puestos de trabajo y el cambio de estatus jurídico de muchos trabajadores, a quienes se les va a obligar a cambiar de residencia”, critica Loscertales. Frente a este hecho, propone “mantener los actuales puestos de trabajo y ampliarlo en Guadalajara, donde hay un déficit de funcionarios en Registro Civil”.
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Vigo
La redacción del proyecto de ley de Registro Civil ha levantado ampollas entre los funcionarios. En la mañana de ayer, un nutrido grupo de trabajadores judiciales se concentraron ante el viejo edificio de la calle Lalín reivindicando 'que se mantengan y respeten los puestos de trabajo' que podrían peligrar de aprobarse la propuesta de CiU.
La redacción del proyecto de ley de Registro Civil ha levantado ampollas entre los funcionarios. En la mañana de ayer, un nutrido grupo de trabajadores judiciales se concentraron ante el viejo edificio de la calle Lalín reivindicando 'que se mantengan y respeten los puestos de trabajo' que podrían peligrar de aprobarse la propuesta de CiU. En el caso de Vigo trabajan en estas dependencias 19 personas que 'podrían ser trasladadas forzosamente con la reforma ya que en su lugar se pondrían a funcionarios autonómicos', según explicaron responsables de CC OO, convocante de la protesta.
Esta central también se opone al cambio de ubicación del Registro Civil, que según anunció recientemente la delegada de la Xunta se trasladará a un edificio del Casco Vello en un plazo máximo de quince meses, tiempo necesario para la rehabilitación del inmueble y las labores de traslado de las dependencias.
Para el sindicato esta medida 'provocará una gran pérdida de tiempo y molestias, tanto a los ciudadanos como a los propios trabajadores de los juzgados, a la hora de realizar trámites como pueden ser el acta de defunción hasta la necesaria intervención del Ministerio Fiscal en ceremonias como son los matrimonios o la simple rectificación de errores'.
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Albacete
Convocados por Comisiones Obreras medio centenar de funcionarios de la Administración de Justicia de la capital se concentraron ayer ante la puertas de la nueva ubicación del Registro Civil en protesta por la reforma de Ley de este Registro que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y puede provocar, en opinión de José Luis Gómez Requelme del sector de Justicia de Comisiones Albacete, que el trabajo que en él se hace no siga desempeñándose por estos funcionares, una vez en el texto objeto de debate no se dice nada al respecto sobre estos puestos laborales en el órgano que se piensa crear.
Hoy por hoy, sólo por citar el caso albaceteño, adscritos al Registro hay nueve funcionarios, al margen de los que lo están en los diferentes partidos o trabajan para las Agrupaciones de Juzgados de Paz, o los que contratados por los Ayuntamientos hacen esto.
Esta concentración, no obstante, enmarcada en una movilización nacional ha venido también precedida por una recogida de firmas entre los órganos judiciales y que ya han sido enviadas al Ministerio de Justicia, más de 130 sólo en la capital, en donde igualmente los firmantes manifiestan su apoyo a la enmienda que este sindicato precisamente elevó a los partidos de cara a su inclusión en el documento y que, no obstante, no ha sucedido. Una enmienda a fin «de aclarar quiénes van a ser esos trabajadores pues la única mención que se hace es que, dice este miembro de Comisiones Obreras, su responsable dejará de ser un juez para ser un secretario judicial o un funcionario del Grupo A1 de la Administración».
DESJUDICIALIZAR.La previsión es que en mayo tenga lugar la votación de una Ley que, en definitiva, aclara Gómez Requelme, «lo que busca es desjudicializar los Registros Civiles y pasar a ser un órgano que dependería de la Administración General del Registro y del Notariado igualmente dependiente de la Administración de Justicia».
Y en cuanto a sus funciones, por ejemplo, los matrimonios, más en concreto, sus expedientes serán tramitados, al margen de su celebración, directamente por el Ayuntamiento y se abre la vía de poder pagar cuotas. También se potenciarán los medios telemáticos para cualquier trámite y en los nacimientos y defunciones se colaborará con los Hospitales.
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A Coruña
Una treintena de trabajadores se concentraron ayer desde primera hora de la mañana ante la sede del Registro Civil, en la plaza de Vigo, para reclamar que los puestos de trabajo de este órgano sigan desempeñándolos funcionarios de la administración de justicia.
La reivindicación, promovida por el sindicato CCOO a nivel estatal, llega al hilo de las modificaciones de la Ley de Registro Civil que en estos días se debaten en el Congreso. Tal como exponía la delegada comarcal de CCOO, Estrella Añón, esos cambios podrían suponer que los registros dejen a ser servicios judiciales para convertirse en órganos administrativos, dependientes de la Dirección General de Registro y Notariado. Esto podría hacer peligrar los puestos de los funcionarios de justicia: “Son plazas que se amortizan, e iso afecta non só ó rexistro, senón a todos”.
Según los cálculos de este sindicato, 3.000 de estos trabajadores podrían verse perjudicados por la nueva ley, a la que los grupos parlamentarios están presentando enmiendas. Es en este trámite donde CCOO pretende lograr que las plazas las cubra, como hasta ahora, personal de la administración de justicia.
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