El ministerio solo indemnizó en 2010 a un hombre que pasó 13 años encarcelado
Publicado en www.elpais.com
El Ministerio de Justicia registró en 2010 un total de 331 expedientes de ciudadanos injustamente privados de libertad por errores u omisiones judiciales. Se trata de víctimas de erráticas órdenes de busca y captura que acaban con honrados ciudadanos en calabozos policiales; de autos de prisión contra sospechosos que, tras meses presos, acaban absueltos; y, los más graves, de errores garrafales que llevan a la cárcel a personas totalmente inocentes. Actualmente, Justicia tramita 29 casos de presos inocentes, otros 288 de personas que acabaron como preventivas entre rejas y luego fueron absueltas y otros 14 de detenidos por órdenes de captura equivocadas.
Decía Concepción Arenal que más vale que haya 100 asesinos en la calle que un inocente entre rejas. Según datos del Ministerio de Justicia, entre los años 2000 y 2010 se han tramitado 201 casos de ciudadanos totalmente inocentes encarcelados. Del último año, 2010, Justicia tiene registrados 29 expedientes. Entre ellos, el de Rafael Ricardi, el vecino de Cádiz que soportó 13 años de cautiverio por una violación que no cometió. El de Ricardi es el único asunto que ha indemnizado Justicia en 2010: 555.000 euros. Otro error gravísimo de antaño fue el de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de la joven de Mijas (Málaga) Rocío Wanninkhof, por el que pasó 17 meses presa. Exige cuatro millones de euros.
Pero hay otras muchas equivocaciones judiciales que no afloran, no son indemnizadas y que han generado gran sufrimiento a sus víctimas. En 2008, con 42 casos de los catalogados gravísimos, justicia únicamente indemnizó seis de ellos con un total de 167.000 euros. Y en 2009 estimó solo dos de los 52 casos registrados: desembolsó 8.000 euros.
De los 29 expedientes gravísimos de 2010, algunos aún en fase de estudio, es posible que solo reciban reparación "cuatro o cinco de ellos", según fuentes del ministerio. Muchos expedientes son desestimados, no por ausencia del error, sino porque legalmente la indemnización está supeditada a una sentencia del Tribunal Supremo que así lo determine.
Aparte de estos 29 errores gravísimos, hay otros 288 expedientes de ciudadanos que, tras sufrir prisión preventiva, quedan en libertad sin cargos; y otros 14 que fueron arrestados por erráticas órdenes de busca y captura. Salvo resolución judicial expresa, es inusual que el ministerio indemnice a los preventivos luego absueltos. El argumento es que se trata de sospechosos que alcanzan la absolución por falta de pruebas. Es el caso, por ejemplo, de José L. S., de Collado Villalba (Madrid), a quien Justicia le ha denegado la indemnización de 500.000 euros que pedía tras haber estado dos meses preso como sospechoso de matar a un ex piloto de Iberia. Alegó, sin éxito, el calvario que soportó "durante 39 meses [duración de su proceso]" y que le causó, aparte del daño moral, "pérdida de empleo" y destrozos en su casa durante el registro policial tras su detención.
Registros de casas erróneos y joyas que desaparecen
Algunas de las quejas más reiteradas por ciudadanos que padecen la maquinaria judicial es la pérdida o deterioro de los artículos (coches, joyas, ropas...) que la policía requisa en sus investigaciones. También abundan las reclamaciones de familias que ven cómo la policía irrumpe en sus casas porque alguien puso mal la dirección. De entre las 316 reclamaciones que tenía registradas Justicia en 2010 por "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia" (en las que incluyen quejas por dilaciones indebidas de procesos, embargos y registros de casas equivocados, o testigos que sufren graves perjuicios tras ser citados a juicios que luego se suspenden), destacan las reclamaciones por pérdida o deterioro de artículos decomisados. Quedan en depósito judicial y cuando acaba el proceso nadie da cuenta de su paradero.
Justicia va a proponer 8.000 euros de indemnización para Francisco José A. R. La policía entró en su casa y se incautó de "un servidor local, un ordenador portátil y diverso material informático, así como una centralita telefónica". Cuatro años después, el juzgado le archivó la causa y él reclamó los enseres decomisados. Nada se sabe de su paradero.
Pero este es solo un ejemplo: hay casos de coches de lujo y barcos que acaban desguazados o deteriorados sin explicación. A veces, por desidia. Ochenta y tres mil euros pide Inmaculada L. A. por la pérdida de las joyas que la Guardia Civil intervino en su casa de Marbella durante un registro. Los agentes decomisaron, además de las joyas, dos coches y dinero en efectivo. Tras un largo periplo judicial, fue absuelta. Los coches, aunque deteriorados, aparecieron; también el dinero. De las joyas, nadie sabe nada.
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