[ Publicado en www.lavozdegalicia.es ]
El espacio aprieta, los juzgados son escasos y sobran pleitos
Los jueces de las colapsadas salas coruñesas se han convertido en los más beligerantes ante «la pasividad» de la Administración
El titular de un juzgado de instrucción coruñés se pasó la mañana del viernes -la tarde la empleó en dictar sentencias- escuchando a una vecina que denunció a la de arriba por tirarle pinzas a su terraza, a otra que acusaba al ex marido de que el día que hizo las maletas se llevó la ropa y también el perro, o a un hombre que pedía «la máxima condena posible» para un ex compañero de trabajo que cuando se cruza con él por la calle se pasa el índice por el cuello. La de las pinzas, la del perro y el del dedo fueron igual de atendidos por la Administración de Justicia que los cincuenta que, también ayer, acudieron a los colapsados juzgados civiles para que les resolvieran impagos, desahucios o conflictos laborales. Al mismo edificio llegaron 18 asuntos penales, entre ellos una denuncia por violación o un atraco a mano armada. Por si no fuera suficiente, la crisis incrementó la carga de trabajo en los juzgados civiles un 43%. Todo esto ocurre casi con los mismos medios, juzgados y funcionarios que hace cinco años.
Así están en la actualidad los juzgados coruñeses, que al cierre del 2008 acumulaban un total de 59.448 asuntos sin resolver, un 20% más que los que quedaron pendientes de sentencia el año anterior (49.273).
Y no son simples datos lanzados al aire, sino que la denuncia parte de los propios magistrados, que han colaborado con la Xunta en la elaboración del Libro Branco da Xustiza. Y en el texto no hay precisamente elogios. Aunque en la provincia, al igual que en el resto de Galicia, la litigiosidad es menor, sí es cierto que las 33 salas existentes en A Coruña no dan abasto con los casos que llegan a sus despachos. Desde que un asunto se presenta en un juzgado hasta que se dicta sentencia pasan, de media, unos siete meses, aunque el proceso puede llegar a los nueve en casos como el de los contenciosos, por encima de la media del resto de España, que se queda en ocho.
Unidades judiciales
En suma, lo que se necesitan son más órganos judiciales (jueces y magistrados), secretarios, fiscales y funcionarios. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció 250 jueces por año en lo que resta de legislatura, pero solo creará 160 unidades judiciales. Solo el TSXG precisa diez, la Audiencia de A Coruña tres, y el partido judicial herculino seis, según la memoria anual de la más alta instancia judicial gallega, y 14 según su juez decano. Un dato, a toda Galicia le corresponderán 7 u 8 en el próximo reparto.
¿Cómo se arregla esto? Para el juez decano coruñés, Fraga Mandián, que capitaneó a los magistrados de la provincia en las dos últimas huelgas (secundadas por el 82%), con «dinero, bien gestionado, pero todo pasa por dinero, por una mayor dotación presupuestaria». Para este magistrado, son necesarios más juzgados, más personal, más tecnología, más espacio y más organización; es decir, hace falta de todo.
Fraga Mandián recuerda que el tiempo medio para resolver un asunto es de once meses y medio en esta jurisdicción, pero en otros cuatro de instrucción se superan las 1.520 causas, donde se pueden alcanzar los seis meses de espera. Lo curioso es que el Consejo General del Poder Judicial considera que para un ágil funcionamiento un juzgado no debe sobrepasar las 600 causas al año.
El esfuerzo llevado a cabo por los magistrados de lo penal para enjuiciar un mayor número de asuntos y evitar así que los asuntos prescriban está provocando, además, la aparición de un nuevo problema. Y es que la celebración de muchas vistas orales implica también un incremento del número de sentencias que hay que ejecutar. En estos momentos, los seis juzgados de lo penal que existen en la ciudad tienen pendientes de llevar a la práctica más de 7.000 sentencias, lo que supone un evidente riesgo de que nunca lleguen a cumplirse, pues ahora la sombra de la prescripción se cierne sobre el cumplimiento de los fallos judiciales. Las ejecuciones no solo conllevan la orden, por ejemplo, de que una persona ingrese en prisión, sino asuntos como embargos, retiradas de carnés, permisos de armas, cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad y control de órdenes de alejamiento, entre otros.
