[ Publicado en www.lavozdegalicia.es ]
Un muro de año y medio de espera
El tapón de la Justicia en Vigo es la Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, que acumula más de mil casos sin resolver por la falta de medios y la carga de trabajo
Los litigios crecen en Vigo porque la crisis ha golpeado a una ciudad industrial y de negocios. Y eso se nota. Cada año entran casi 80.000 asuntos y quedan 16.200 pleitos sin resolver. El punto negro es la Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. Es el tapón de la Justicia, un cuello de botella, pues cualquier apelación civil en la ciudad, como la reclamación de una deuda o la pensión alimenticia de los hijos, choca con un muro de año y medio de espera. «A los clientes ya les decimos lo que hay», comenta resignado el ex decano de los procuradores, Javier Soaje.
El Poder Judicial envió hace un mes a cuatro inspectores para examinar los libros de la Sexta Sección cuando las estadísticas demostraron que, con 1.600 expedientes pendientes de sentencia, es la sala de su tipo más atrasada de España. El tribunal tiene cuatro magistrados (lo normal son tres) y pronto se incorporará un quinto y, quizás, un interino de refuerzo. Su presidente, Jaime Carrera, insiste en que la carga de trabajo es excesiva y o se crea la Séptima Sección o se divide en dos la sala.
Al atasco se suma la falta de espacio. Al igual que en A Coruña, los dos edificios judiciales han agotado la superficie libre. El nuevo edificio de la Audiencia fue inaugurado en el 2000, pero nueve años después todas las salas están ocupadas. Fue uno de los juzgados baratos de la época del conselleiro Palmou, sin garaje ni aire acondicionado. La Xunta se gastará este año medio millón de euros en instalar este último servicio tras las quejas de los jueces y funcionarios.
El último espacio libre lo ocupará en diciembre el Juzgado de lo Mercantil número 3, cuando la Xunta reforme la antigua casa del personal de mantenimiento, ubicada en el ático del edificio viejo de los juzgados. Nadie sabe dónde situar el próximo tribunal, el de Familia número 3. Una opción que manejan las autoridades es trasladar el Registro Civil al centro de la ciudad para liberar espacio. El hacinamiento es la queja habitual en la Oficina de Notificaciones y Embargos, a pleno rendimiento a causa de la crisis. Los 20 funcionarios de reparto han denunciado en la Inspección de Trabajo que están apiñados en apenas 30 metros cuadrados, donde los procuradores y los usuarios se pelean por las sillas en horas punta. Trabajaban a mano como en el siglo XIX, pero, tras una protesta, lograron cuatro ordenadores. La denuncia ha llegado a oídos de Riscos Laborais. «Los inspectores nos dijeron: ''Os vamos a dar una noticia buena y otra mala. La primera es que os daremos más espacio, la mala es que no tenemos dónde''», comenta indignada una agente de reparto.
La falta de sitio también es visible en los archivos, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Xustiza lo citó en su memoria anual. Miles de expedientes del Ayuntamiento extinto de Lavadores, que datan de 1902 hasta la Guerra Civil, se pudren en los pasillos. Tenían que haber sido enviados al Archivo del Reino de Galicia, pero los insectos van más deprisa. Y decenas de cajas pendientes de entregar en el Archivo Histórico de Pontevedra se apilan en el suelo. Allí tampoco tienen sitio para almacenarlas.
La solución a todos estos problemas de superficie pasa por la construcción de un tercer edificio, bautizado flamantemente como Cidade da Xustiza. Sin embargo, el proyecto lleva paralizado desde el 2005 porque el Concello y la Xunta, de distinto signo político, se pelean para ver quién se libra de pagar los cuatro millones de euros que cuesta la expropiación del suelo.
