CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia no han previsto la dotación de más personal para atender en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer las nuevas competencias que asumen de los delitos contra la libertad sexual
Desde hoy, los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán la competencia de delitos contra las mujeres que hasta ahora eran competencia de los Juzgados de Instrucción
Estas asunción de nuevas competencias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y su efectividad desde el 3 de octubre de 2025 obedece a la reforma de la LOPJ operada en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Hasta ahora, la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se limitaba a los delitos cometidos contra mujeres que fuesen parejas o exparejas del maltratador y, con esta modificación, se amplían a todos los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, trata con fines de explotación sexual, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer, independientemente del vínculo del agresor con la mujer agredida
Para la efectividad de esta media solo se ha dispuesto la creación de nuevas plazas de jueces o juezas de Violencia sobre la Mujer en Ayamonte, Llíria, Vila-real, Arganda del Rey, Arona, Marbella, L'Hospitalet de Llobregat y Manacor, a partir también del 3 de octubre, y en Motril, Puerto del Rosario, Arrecife, Guadalajara, Ciudad Real, León, Vilanova i la Geltrú, Mérida, Santiago de Compostela, Ourense, Granada, Almería, Algeciras, Córdoba, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Palma, Eivissa, Las Palmas, Toledo, Valladolid, Barcelona, Lleida, Cáceres, Badajoz, Madrid (3 nuevas plazas), Murcia, Cartagena, Alicante y Benidorm, a partir del 31 de diciembre de 2025
También a partir del 31 de diciembre, en Jerez de la Frontera, A Coruña, Vigo, Móstoles, Alcalá de Henares, Castelló de la Plana, Santander y Barakaldo se transformará una plaza judicial de Instrucción en una plaza de Violencia sobre la Mujer
Obviamente, con la incorporación de nuevos delitos a la competencia actual de este tipo de Juzgados se va producir un significativo aumento de sus cargas de trabajo, pero ni el Ministerio de Justicia ni las Comunidades Autónomas con competencias han atendido las exigencias de CCOO de incrementar el número de personal funcionario de estas oficinas judiciales lo que, además de un incremento muy significativo del volumen de trabajo del personal actual, va a producir un efecto inmediato de retrasos y peor atención a las mujeres víctimas, tanto de los delitos del entorno de la pareja o expareja como los delitos contra libertad sexual de nueva competencia
Por si fuera poco, también se va a extender la jurisdicción territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, Mérida, Valladolid, Guadalajara, Córdoba, Lleida, Santiago de Compostela, Ourense, Gijón, León, Ciudad Real y Vilanova i la Geltrú a otros partidos judiciales de la misma provincia, con efectividad el 31 de diciembre de 2025, poblaciones en las que se va a ver incrementada la carga de trabajo con la asunción de los delitos cometidos en otros partidos judiciales agrupados y para las que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas también se han negado a incrementar el personal que las atiende en las oficinas judiciales, que seguirá siendo el mismo, ya sobrecargado de trabajo en la situación actual
CCOO vuelve a denunciar las pésimas condiciones laborales, retributivas y de salud laboral del personal que ya existían en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en varios ámbitos territoriales, incluido el gestionado por el Ministerio de Justicia, que, no solo han sido reiteradamente denunciadas por CCOO, sino que, en muchos casos, ha sido el propio personal el que ha optado por pedir traslado a otros órganos judiciales, quedando cubiertos por un alto porcentaje de personal interino y con dificultades para cubrirse con personal de carrera que dé cierta estabilidad a estas plantillas y a estos órganos judiciales tan específicos y que deben atender a una parte de la ciudadanía altamente vulnerable. Y a esta situación de extrema gravedad se sumará ahora un incremento de cargas de trabajo de más del 20%, según acreditados informes, sin el incremento de personal que sería necesario
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