Nuevas e inaceptables actuaciones para la implantación del expediente judicial electrónico

• Las Secretarías de Gobierno de los TSJ, al parecer por orden del Secretario General de la Administración de Justicia, obligan a la eliminación del papel, a sabiendas de que el mal funcionamiento de los sistemas informáticos no lo permite.

CCOO HA VUELTO A EXIGIR AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA PARALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS HASTA QUE NO SE COMPRUEBE Y SE GARANTICE, CON EXPERIENCIAS PILOTO, SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO

Las y los trabajadores de la Administración de Justicia no podemos seguir aceptando el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, sin ninguna contraprestación, y debemos negarnos a seguir sufriendo esta nefasta estrategia del Ministerio para la implantación de las nuevas tecnologías a nuestra costa

Este sindicato ha tenido conocimiento de que se están recibiendo en los órganos judiciales circulares de las Secretarías de Gobierno de determinados Tribunales Superiores de Justicia relativas a la formación de autos y grabación de vistas con motivo de la implantación de lexnet y del expediente judicial electrónico.

CCOO ha presentado escrito al Secretario General de la Admón. de Justicia, máximo responsable del tema, en el que le reprochamos que es consciente del nefasto funcionamiento de las nuevas tecnologías con continuos parones, lentitud exasperante o falta de integración de sistemas (especialmente en la relación de las fiscalías con los órganos judiciales) lo que hace imposible que se elimine el soporte papel.

Desde CCOO hemos solicitado reiteradamente que se paralice la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia hasta que no se solucionen los gravísimos fallos existentes, procediéndose a su puesta en marcha en centros de trabajo “piloto” que se irían extendiendo una vez que esté comprobado y garantizado su óptimo rendimiento y funcionamiento. Desgraciadamente, nos hemos topado con la tozudez del Ministerio de Justicia que, desde un principio, ha desoído nuestras demandas y las de gran cantidad de operadores jurídicos que se han pronunciado en esta misma línea.

Estas circulares de las Secretarías de Gobierno a las que hemos hecho referencia al principio se emiten, según consta en las mismas, al amparo de las competencias que establece el art. 16 h) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que prevé “Cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia a través del Secretario General de la Administración de Justicia”.

Desconocemos si se trata de una “circular e instrucción de servicio” de cada uno de los/as Secretarios de Gobierno, o bien que éstos están “velando por el correcto cumplimiento de la que haya sido dictada por el Ministerio de Justicia a través del Secretario General”, aunque, dado que se han producido simultáneamente en varios TSJ, suponemos que se trata de una instrucción o circular previamente dirigida por el Secretario General a las Secretarías de Gobierno

Estas circulares, además de estar fuera de la realidad, porque resulta materialmente imposible la eliminación del soporte papel, establecen para el cuerpo de Auxilio Judicial determinadas funciones que no figuran entre las que para este cuerpo están previstas en el artículo 478 de la LOPJ y en los artículos 4 y 18 de la Orden JUS/1741/2010, que establece las RPT de la Nueva Oficina Judicial.

En todo caso, la afectación a las funciones, es decir a las condiciones de trabajo de los cuerpos de funcionarios de Justicia, resulta evidente y, tal y como hemos exigido al Ministerio en múltiples ocasiones, por escrito y verbalmente, las condiciones de trabajo tienen que ser negociadas por Ley con los representantes sindicales, a lo que en este caso y una vez más, no se ha dado cumplimiento.

Para colmo, el personal de los juzgados nos ha hecho llegar su protesta porque, al darles traslado de estas nuevas instrucciones, se les ha advertido de incoarles expediente disciplinario si no dan cumplimiento estricto a las mismas. Esta situación es inaceptable para CCOO ya que, como bien saben o deberían saber el Ministerio y los Secretarios y Secretarias de Gobierno, gran cantidad de jueces y magistrados siguen exigiendo las actuaciones en papel, mientras que, por otra parte, se nos obliga ahora a eliminarlo, con lo que esta protesta está más que justificada y le hemos traslado al Ministerio la misma para que dé una inmediata solución a este nuevo desatino en la implantación en la Justicia de las nuevas tecnologías

Ampararemos a los/as trabajadores/as que sean perseguidos disciplinariamente con motivo de que, por causas absolutamente justificadas, como las órdenes dictadas por los responsables de su órgano judicial o fiscal o la imposibilidad de trabajar sin papel, no puedan prescindir del papel en su trabajo diario.


CCOO ha solicitado en el escrito:

• Que se nos informe si estas circulares de las Secretarías de Gobierno se emiten como consecuencia del cumplimiento de alguna instrucción o circular dictada por la Secretaría General, dándosenos traslado en ese caso de la misma y procediéndose, antes de ponerse en práctica, a su negociación en la Mesa Sectorial.

• Que, en caso contrario, si dichas circulares de las Secretaría de Gobierno no obedecen a instrucciones de la Secretaría General, se proceda a su inmediata anulación, que se instará a quienes de motu propio las han elaborado.

Y hemos vuelto a reiterar, por último, nuestra exigencia de que todos los aspectos relacionados con la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia se negocien con las organizaciones sindicales, porque están afectando, y muy gravemente en muchos casos, a las condiciones de trabajo

CCOO reclama al ministro de Justicia un compromiso escrito de mantener el Registro Civil en todos los partidos judiciales y Juzgados de Paz

• Reunión de los sindicatos con el ministro de Justicia sobre el Registro Civil (29 de marzo de 2017).

El ministro Catalá afirma, en la reunión, que apuesta por un Registro Civil público, gratuito, cercano al ciudadano, con la permanencia de la distribución territorial actual y el mantenimiento del Registro Civil en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz

Manifiesta, además, que negocia con el PSOE la prórroga de la vacatio legis para que la entrada en vigor de la Ley 20/2011 se aplace por uno o dos años más

CCOO LE EXIGE QUE GARANTICE POR ESCRITO QUE SE MANTENDRÁN TODOS LOS REGISTROS CIVILES DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES Y DE TODOS LOS JUZGADOS DE PAZ PORQUE LAS PALABRAS YA NO SIRVEN

La reunión se ha celebrado tras la carta unitaria que remitimos los cuatro sindicatos representativos de ámbito estatal, en la que exigíamos a Catalá una reunión urgente y que retirara la propuesta que entregó a las CCAA con competencias transferidas en la pasada Conferencia Sectorial de consejeros de Justicia (celebrada el pasado 22 de febrero), pues no garantizaba para el futuro el mantenimiento de la actual estructura del Registro Civil (Partidos Judiciales y Juzgados de Paz).

El ministro Catalá ha asegurado su compromiso con el mantenimiento de la actual estructura territorial (Partidos Judiciales y Juzgados de Paz), pero CCOO le ha trasladado que esto no es en absoluto suficiente ya, y que debe haber un acuerdo escrito que se traslade a los grupos parlamentarios y que contenga al menos lo siguiente:

• Que los puestos de trabajo de todas las oficinas del Registro Civil solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia 

• Que se garantice la actual estructura territorial del Registro Civil, asegurando que se mantendrán todas las oficinas del Registro Civil de todos los partidos judiciales y de todos los Juzgados de Paz, así como los Registros exclusivos. Todo el personal que presta servicio en la actualidad en estas oficinas permanecerá adscrito a sus puestos de trabajo actuales. 

• En todas las poblaciones, incluidas las sedes de los Juzgados de Paz, se continuarán realizando las funciones del Registro Civil con el mismo ámbito competencial. 

• Se reconocerá expresamente la labor que desempeñan los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en el Registro Civil. Se reconocerá igualmente a los Gestores la retribución correspondiente por realizar funciones delegadas. 

• Que el cuerpo de Gestión asuma en los Juzgados de Paz las actuales funciones de los Jueces de Paz 

• En cada localidad que no sea sede de un partido judicial, el Juzgado de Paz asume, por delegación de la Oficina General de Registro Civil de dicho partido judicial, las funciones de Registro Civil. 

• Los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia podrán prestar servicio en las Oficinas Consulares de Registro Civil. 

• Las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia se tramitarán por las Oficinas de Registro Civil 

• Los expedientes de nacionalidad se instruirán en los Registros Civiles. 

• La competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio será exclusiva del Registro Civil. 

Catalá ha contestado con estas aseveraciones:

• Se mantendrán todos los Registros Civiles de todos los Partidos Judiciales y las competencias en esta materia de los Juzgados de Paz
• Está dispuesto a negociar la recuperación de la competencia de los Registros Civiles en materia de nacionalidad. 

• En los Registros Civiles de los Partidos Judiciales que comparten tareas del Registro Civil con las jurisdiccionales, se negociará en la mesa sectorial si la RPT será única o separada. 

• El mantenimiento de las funciones de Registro Civil, el empleo y el servicio al ciudadano en los Juzgados de Paz, así como el fortalecimiento de sus funciones. 

CCOO ha reiterado al ministro de Justicia que sus afirmaciones son positivas pero que se contradicen con el documento entregado a las CCAA el pasado 22 de febrero. Y que, por tanto, es imprescindible un documento escrito, suscrito por el ministro, que recoja todas estas reclamaciones y que dicho documento sea la base de las enmiendas que se presenten a los grupos parlamentarios sobre la Ley 20/2011 para garantizar el presente y futuro del Registro Civil.



OTRAS RECLAMACIONES EXPUESTAS POR CCOO EN LA REUNIÓN CON CATALÁ.-

Antes de finalizar la reunión, CCOO ha reclamado al ministro de nuevo:

Que se convoque de inmediato la mesa sectorial sobre la OEP 2017, tras el acuerdo logrado en la Mesa General de las AAPP para garantizar, al menos, la convocatoria de una oferta extraordinaria del 90 % de las plazas vacantes en la Administración de Justicia. En este sentido, seguimos esperando que el Ministerio de Justicia cumpla con su obligación y entregue de una vez una relación detallada por cuerpos y ámbitos de todas las plazas vacantes existentes, para que no haya engaños. CCOO calcula en más de 10.000 las plazas en la Administración de Justicia. Asimismo, hemos reiterado que se cubran de manera efectiva todas las plazas convocadas (renuncias, excedencias…)

Que se constituya de una vez la mesa sectorial de la Administración de Justicia del ámbito no transferido, pues son muchos los problemas existentes y además, CCOO reitera nuestra reclamación del incremento del complemento específico para acercarlo otra vez a la media del establecido en las CCAA con competencias.

Que se cumplan de una vez todos los contenidos pendientes del Acuerdo de 18.12.2015. No vamos a permitir que el ministro siga sin cumplir con lo firmado: entre otras cuestiones no cumplidas, la conversión de todos los refuerzos de más de tres años en plantilla, la recuperación de los tres días de asuntos particulares y la solución a las cuotas de la Seguridad Social de cientos de compañeros que tenemos que ganar en los Tribunales.


REUNIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA.-

Hoy también nos hemos reunido los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT con dicho grupo. En la reunión le hemos trasladado nuestra posición sobre el Registro Civil, de mantenimiento de la actual estructura territorial y de todos los Registros Civiles de los Partidos Judiciales y de todos los Juzgados de Paz.

La respuesta del grupo parlamentario ha sido que estaban de acuerdo con nuestra propuesta y que la trasladaría a la Consejería de Justicia.

100% de plazas para la Oferta de Empleo Público en Justicia

El Gobierno se compromete a reducir la tasa de interinidad en la Administración de Justicia.

LAS PRESIONES DE CCOO ANTE EL GOBIERNO CONSIGUEN QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PONGA A JUSTICIA AL MISMO NIVEL QUE SANIDAD Y ENSEÑANZA EN LAS FUTURAS CONVOCATORIAS DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Ante esta nueva posición del Gobierno, desde CCOO seguiremos exigiendo que se convoquen el 100% de las plazas vacantes mediante el sistema de concurso-oposición

En la reunión que el Director General de Función pública ha mantenido con CCOO (sindicato mayoritario) y el resto de sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación Gobierno se ha visto obligado a llegar a un acuerdo con los representantes sindicales para avanzar en la disminución de la interinidad y la eventualidad que existe en las Administraciones, que ya ha adquirido unas cifras preocupantes, aspecto en el que coincidimos, tal y como ya venimos denunciando desde hace muchos años.

La Administración ha manifestado su intención de que se avance en tres sectores fundamentalmente: Sanidad, Educación y Justicia. Asimismo ha propuesto que se haga “un proceso de consolidación de empleo universal” en estas tres administraciones, sin concretar cual pretende que sea el sistema de acceso.

Con carácter general desde CCOO hemos exigido la convocatoria de un total de 360.000 plazas en OEP que afecte a todas las administraciones públicas y la eliminación de las tasas de reposición.

En el ámbito de justicia CCOO hemos venido presionando al Ministerio de Justicia desde hace muchos años para que se convoquen a OEP todas las plazas vacantes, presión que hemos extendido a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y que hemos completado con propuestas constantes a todos los partidos políticos.

El primer fruto de estas presiones ejercidas por CCOO ya está sobre la mesa al haber incorporado el Gobierno la Administración de Justicia a los tradicionales sectores estratégicos de Enseñanza y Sanidad en materia de empleo público.

Para CCOO es un primer paso de grandísima importancia y seguiremos trabajando para que el Ministerio de Justicia finalmente acepte:

• Una convocatoria de Oferta de Empleo Público con el 100% de las plazas vacantes.
• La conversión en plazas de plantilla de las plazas de refuerzo estructurales.
• La recuperación del 50% de las plazas para promoción interna en todos los cuerpos.
• El sistema de concurso-oposición para las pruebas selectivas en el que se reconozca y valore la experiencia del personal interino.

CCOO se reune con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y reitera las propuestas en materia de Registro Civil

Más acciones de CCOO para defender nuestra propuesta de Registro Civil

CCOO SE REÚNE CON EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA REITERARLE LAS PROPUESTAS QUE AUN NO HAN SIDO ATENDIDAS

El grupo parlamentario del Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya y el Gobierno Vasco se suman a los apoyos expresos a las propuestas de CCOO

En CCOO seguimos trabajando para que el Registro Civil sea un servicio totalmente público, universal, gratuito, cercano al ciudadano y atendido exclusivamente por personal al servicio de la Administración de Justicia con todos sus derechos laborales, profesionales y retributivos.

Hemos remitido al Gobierno, a los grupos parlamentarios del Congreso y a las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos con competencias transferidas nuestra propuesta y seguimos manteniendo reuniones con todos ellos para hacer valer las mismas.

Ya el Ministerio de Justicia, en la reunión de la mesa sectorial de negociación del 7 de febrero aceptó parte de las propuestas de CCOO y anunció verbalmente las modificaciones de la Ley 20/2011 del Registro Civil que pretendía remitir al Congreso de los Diputados, como son:

Texto de la Ley 20/2011	Modificaciones propuestas por el Ministerio
En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.	Quitar el tope del número de oficinas del registro civil.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario.	Que los puestos de trabajo sean solo ocupados por personal de la Administración de Justicia.
En la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales.	Los Encargados de los Registros Civiles serán solo los Letrados de la Administración de Justicia.
Los funcionarios que no obtengan destino en las Oficinas Generales del Registro Civil, mediante un proceso de reordenación de efectivos serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo.	El personal funcionario permanecerá en sus actuales puestos de trabajo en todos los casos.

En CCOO no daremos por finalizada nuestra lucha hasta que en la propuesta por escrito del Ministerio de Justicia no se garantice, al menos, el mantenimiento de las actuales oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y no se recupere para el servicio público las funciones del Registro Civil que han sido privatizadas en favor de Notarios, Registradores y otros colectivos.

Representantes de CCOO nos hemos reunido nuevamente con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, al que hemos vuelto a exigirle nuevas modificaciones legislativas para garantizar:

o Que se mantendrán oficinas principales de registro civil en cada partido judicial y oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz.

o Que los expedientes de nacionalidad se puedan presentar y digitalizar en los Registros Civiles.

o Que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles.

o Que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil.

o Que se incrementen las plantillas del personal del Registro Civil Central y cualquier otro en el que las cargas de trabajo así lo justifiquen.

o Que se mantengan las reglas de competencia territorial actuales para la práctica de asientos.

o Que se reconozca la facultad calificadora de determinados asientos por parte del Cuerpo de Gestión.

o Que se regulen las sustituciones de los Encargados por el personal de Gestión.

o Que se garantice el empleo, las retribuciones, la no movilidad geográfica forzosa y el resto de condiciones laborales de todo el personal, transferido o no.

o Que se elabore un programa informático único para la gestión de los procedimientos y expedientes,

o Que se permita el acceso de las Administraciones a las inscripciones.

o Que se permita la certificación de inscripciones desde cualquier oficina del Registro Civil.

o Que el cuerpo de Gestión asuma en los juzgados de paz las actuales funciones de los y las Jueces de Paz.

El Director General ha insistido nuevamente en que pretende una reforma mínima de la Ley 20/2011 que permita su entrada en vigor en junio de este año y que esta reforma que pretenden es simplemente para dejar todo como en la actualidad hasta que entre en vigor la nueva aplicación informática y, con ella, el folio personal. No obstante, ha manifestado a CCOO que se compromete a estudiar todas nuestras propuestas y que a primeros del mes de marzo formulará por escrito a las organizaciones sindicales una propuesta de acuerdo que llevaría posteriormente a su debate parlamentario en las Cortes.

Paralelamente, como ya hemos venido informando, representantes de CCOO estamos manteniendo reuniones y contactos con todos los grupos políticos. Tras las anteriores con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, nos hemos reunido con ERC que se ha mostrado partidario de las propuestas que les hemos trasladado.

Asimismo, hemos recibido el apoyo expreso del Gobierno Vasco, cuya Viceconsejera de Justicia se ha comprometido a defender nuestra propuesta en la Conferencia Sectorial de Justicia que reúne al Ministerio con las Consejerías de las CCAA con competencias transferidas y cuyas reuniones se están produciendo en estos días.

Reunión de la Mesa Sectorial: Registro Civil

• El Ministerio de Justicia asume una gran parte de las propuestas de CCOO y defenderá en el Parlamento un Registro Civil Público, gratuito, atendido solo por funcionarios de Justicia y con las mismas oficinas que las existentes en la actualidad 

• La propuesta fue anunciada verbalmente por el Director General, y desde CCOO hemos exigido su presentación por escrito y hemos reiterado nuestras exigencias para la mejora de este servicio público y de las garantías y los derechos de sus trabajadores y trabajadoras

• El Ministerio de Justicia introducirá en una disposición adicional que contenga que “los puestos de trabajo del Registro Central y de las Oficinas Generales solo podrán ser cubiertos por personal de la Administración de Justicia”

• La demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas

• Se mantienen las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz

Según la propuesta del Ministerio de Justicia, que hace suyas por fin una gran parte de las propuestas de CCOO, el nuevo Registro Civil que propone el Gobierno se pondrá en marcha el 1 de julio de 2017 en base a los siguientes ejes:

1.- Carácter totalmente público del Registro Civil abandonándose cualquier opción de privatización

2.- Registro Civil totalmente gratuito.

3.- Será un Registro Civil único para todo el Estado

4.- Estará integrado en la Administración de Justicia, sin ningún menoscabo de los derechos profesionales del personal funcionario. Se introducirá en una disposición adicional que contenga que "los puestos de trabajo del Registro Central y de las Oficinas Generales solo podrán ser cubiertos por personal de la Administración de Justicia". Y cada oficina será centro de destino conforme al artículo 521 de la LOPJ

5.- Desjudicializado, sin ninguna intervención de Jueces y Magistrados

6.- Los/as Encargados/as del Registro Civil pertenecerán al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y continuarán en servicio activo.

7.- Se dará una salida profesional adecuada (pendiente de determinar) de los actuales jueces encargados del Registro Civil Central y de los Registros Civiles Exclusivos.

8.- La demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas, por lo que no se alterará el lugar de trabajo del personal funcionario afectado.

9.- Se mantienen las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz.
10.- El nuevo folio único personal se implantará mediante una nueva aplicación tecnológica abandonándose Inforeg.

11.- Hasta que esté operativa la nueva aplicación informática se seguirá aplicando la legislación actual.

12,- Los/las Letrados/as de la Administración de Justicia encargados/as de los Registros Civiles dependerán funcionalmente de la Dirección General de los Registros y el Notariado

Deberán abordarse las modificaciones de la Ley 20/2011 para garantizar estos 12 ejes fundamentales, para establecer la reserva de función solo para los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, para ordenar la actividad profesional a través de una RPT, para determinar las funciones de las oficinas principales y delegadas y de su personal, para establecer el régimen de sustituciones de Encargados y Encargadas, etc

VALORACIÓN DE CCOO

En CCOO nos felicitamos por el éxito que la confirmación de estas propuestas por el Parlamento supondría para la lucha que durante tantos años hemos mantenido junto a los trabajadores y las trabajadoras y con el apoyo de multitud de instituciones y organizaciones políticas y de la sociedad civil en defensa del Servicio Público del Registro Civil, paralizando su privatización y manteniéndolo en el ámbito de la Administración de Justicia, gratuito y cercano a la ciudadanía
No obstante, hemos reiterado desde CCOO nuestras propuestas que han quedado pendientes de ser contestadas, de las que hemos exigido que continúe su negociación y entre las que resaltamos:

- La recuperación para el Registro Civil de los expedientes de nacionalidad y de matrimonio actualmente encomendados a Registros de la Propiedad y Notarías.

- La concreción mayor y por escrito para la garantía de todas las retribuciones, de todo el empleo actual y de la no movilidad geográfica, en ningún caso, del personal afectado.

- El incremento de las plantillas donde la carga de trabajo así lo justifique.

- La implantación del nuevo sistema informático de forma pausada, con experiencias piloto, con participación de los usuarios y las usuarias y con formación exhaustiva para su utilización.

- La asignación de funciones concretas y propias para el Cuerpo de Gestión, debidamente retribuidas, y la sustitución desde este cuerpo a los/as Letrados/as Encargados/as con el 100% de sus retribuciones y derechos del cuerpo que se sustituye. Y CCOO exige que sean los Gestores los encargados del Registro Civil en los Juzgados de Paz.

- La asignación de puestos singularizados en la RPT a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.

- Garantizar la voluntariedad en la asignación de los nuevos puestos de trabajo que se establezcan en la RPT.

- La máxima garantía para que el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales no puedan reducir unilateralmente el número de oficinas.

- El establecimiento como centro de destino para el personal funcionario de las embajadas y consulados con funciones registrales.

El Ministerio se ha comprometido a continuar las negociaciones en próximas reuniones y a entregar por escrito todas sus propuestas y estudiar la incorporación de las que hemos vuelto a reclamar y que están contenidas en nuestra propuesta completa en poder del Ministerio

PROPUESTA DE CCOO SOBRE EL REGISTRO CIVIL

CCOO vuelve a exigir al Ministro de Justicia un pronunciamiento claro en defensa de un Registro Civil público y servido por el Personal de la Administración de Justicia

• CCOO defiende que el Registro civil se mantenga como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, adscrito a la Administración de Justicia y servido íntegramente por funcionarios públicos pertenecientes a dicha Administración.

CCOO exige al Ministro de Justicia que se pronuncie de manera clara ya, y sin pérdida de tiempo, por un Registro Civil que siga siendo público, universal y gratuito, manteniéndose servido por el Personal Funcionario de la Administración de Justicia

Queda poco tiempo ya para el vencimiento de la nueva vacatio legis de la Ley 20/2011 del Registro Civil. No podemos permitir más pérdidas de tiempo en un asunto de la mayor gravedad para los servicios públicos, los derechos de las y los trabajadores y de la ciudadanía.

¡¡¡EXIGIMOS AL MINISTRO DE JUSTICIA UN PRONUNCIAMIENTO CLARO E INMEDIATO POR LA PERMANENCIA DEL REGISTRO CIVIL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!

Hoja informativa

CCOO vota en contra del plan de actuación de la Gerente de MUGEJU y exige la recuperación de todas las prestaciones anteriores a 2012

CCOO VOTA EN SOLITARIO CONTRA EL PLAN DE ACTUACIÓN 2017 PRESENTADO POR LA GERENTE DE MUGEJU.

CCOO EXIGE SU MODIFICACIÓN PARA QUE SE INCLUYA LA RECUPERACIÓN DE TODAS LAS PRESTACIONES EXISTENTES EN 2012 Y EL SUBSIDIO DE IT DESPUÉS DE LOS 18 MESES DE BAJA, ASÍ COMO MANTENER EN SUS ACTUALES CUANTÍAS EL SUBSIDIO DE JUBILACIÓN.

CCOO presenta además 13 propuestas de resolución para defender los derechos de las personas mutualistas, siendo aprobadas todas ellas por la Asamblea.

Publicamos información sobre lo sucedido en la importante Asamblea anual de compromisarios y compromisarias de la MUGEJU que tuvo lugar el viernes pasado, 25 de noviembre de 2016.

A una nefasta gestión de la Gerente de la MUGEJU en los últimos años se une ahora un plan de actuación que contiene más recortes, como el que pretende realizar al subsidio de jubilación, con su propuesta intolerable de reducirlo un 75 % de su cuantía actual.

Es escandaloso e hipócrita que aquellos, Gerente y alguna organización sindical, que ponen el grito en el cielo ante las críticas más que fundadas de CCOO de que la deplorable gestión de la Gerente actual nos lleva, si se continúa por ese camino, a la absorción de la MUGEJU por otras Mutualidades, se limiten a mirar para otro lado cuando la Gerente traslada, entre otras inaceptables propuestas, un plan de actuación que iguala a la baja con la MUFACE, entre otros, el subsidio de jubilación, con una rebaja sustancial del 75 % sobre las cuantías actuales.

CCOO defiende una Mutualidad verdaderamente independiente del resto de Mutualidades y con elección libre de la asistencia sanitaria, y así lo hemos dejado claro en la Asamblea en las intervenciones y con una de las resoluciones que hemos presentado y han sido aprobadas, pero no haremos como otros que miran hacia otro lado mientras la Gerente sigue recortando prestaciones y es incapaz de asumir ninguna crítica contra sus actuaciones en contra de las y los mutualistas.

Por eso, las y los compromisarios de CCOO hemos votado, en solitario, en contra del plan de actuación de la Gerente, porque reduce el subsidio de jubilación, porque no garantiza la lucha para la recuperación de todas las prestaciones anteriores a 2012, porque no se compromete a abonar el subsidio de Incapacidad Temporal (IT) hasta, al menos, 24 meses de la baja y de forma retroactiva a los que se le ha dejado de pagar injusta e ilegalmente, y porque, en suma, no es capaz de asegurar que el nuevo concierto sanitario para 2018 se negociará oyendo la voz de las y los mutualistas y que no se aprobará con la única voz de la Gerente, que nos ha demostrado que está mucho más cerca de los intereses de las entidades médicas privadas que de la defensa de las personas mutualistas.  

 

Adjuntamos hoja informativa de CCOO sobre la Asamblea y la misma hoja ampliada con las propuestas completas presentadas por los compromisarios/as de CCOO en la misma.

Hoja informativa

Hoja informativa y Anexo con propuestas

CCOO de Justicia se reúne con los grupos parlamentarios del Congreso

CCOO de Justicia reanuda las reuniones con los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados.

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y LA PROMOCIÓN INTERNA, EL FUTURO DEL REGISTRO CIVIL Y LA RECUPERACIÓN DE LOS RECORTES SON LOS PRINCIPALES ASUNTOS QUE CCOO ESTÁ TRASLADANDO A LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS.

La pasada semana, representantes de CCOO de Justicia nos hemos reunido en el Congreso de los Diputados con miembros de la Comisión de Justicia de los Grupos Parlamentarios de Unidos Podemos y del PSOE.

CCOO les ha trasladado sus propuestas en materia de Administración de Justicia, entre las cuales, por su urgencia e importancia, hemos hecho especial hincapié en:

1.- La convocatoria para 2017 de una Oferta de Empleo Público con todas las plazas vacantes y con el 50% de plazas para la promoción interna en todos los cuerpos y la modificación de las actuales políticas de empleo público en la Administración de Justicia, adaptándolas a la legislación europea en esta materia fijada en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2.- La modificación de la nueva Ley del Registro Civil (que entrará en vigor el 3 de julio de 2017) para que este servicio siga siendo público, gratuito y atendido por personal de la Administración de Justicia, paralizándose los intentos de privatización del Partido Popular.

3.- La recuperación de los derechos recortados, incluida la de los tres días de permiso por asuntos particulares que aun no se nos han repuesto a pesar de que viene recogido en el acuerdo que CCOO y otros sindicatos firmamos con el Ministerio de Justicia en diciembre de 2015.

También les hemos manifestado nuestra posición contraria a la torpe implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia que está llevando a cabo el Gobierno de forma propagandística, desigual en los distintos centros de trabajo y territorios, con falta de medios y sin negociación con los representantes sindicales, tal y como CCOO ha venido denunciando.

Las representantes de Unidos Podemos han mostrado su predisposición a estudiar y defender nuestras propuestas y a la presentación inmediata de las iniciativas parlamentarias que consideren precisas. Por su parte, la representante del PSOE nos emplazó a nuevos contactos que se producirán tras el desbloqueo de la situación política de desgobierno y una vez que este partido resuelva sus problemas internos.

Para la próxima semana están previstas nuevas reuniones de CCOO con el resto de fuerzas políticas, de las que seguiremos informando.

CCOO exige al Gobierno en funciones que retome la negociación en las Administraciones Públicas

CCOO no va a consentir que el Gobierno en funciones utilice los derechos de los y las empleadas públicas como chantaje.

CCOO EXIGE AL GOBIERNO EN FUNCIONES QUE RETOME LA NEGOCIACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El aumento de las retribuciones y la convocatoria de la Oferta de Empleo Público para 2017, además de una convocatoria excepcional con todas las plazas vacantes y la recuperación de los recortes con carácter básico en todas las Administraciones Públicas son las principales reivindicaciones de CCOO

El Área Pública de CCOO denuncia el desprecio absoluto que ha tenido el Gobierno del PP en todo el mandato anterior al derecho a la Negociación Colectiva de los EEPP: tras varias promesas de abrir procesos de negociación, nunca lo ha habido.

CCOO, ante las declaraciones de algunos miembros del Gobierno en funciones con respecto a la subida salarial de los empleados públicos para el ejercicio 2017, quiere hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el Estatuto Básico del Empleado Público, recoge la obligación de negociar en la Mesa General de las Administraciones Públicas los incrementos retributivos y otras materias como pueden ser las relativos a empleo, jornada, etc. todo ello con carácter previo a la presentación del proyecto Ley de Presupuestos Generales, en este caso los correspondientes a 2017, (artículos 36.2 y 37 del EBEP).

Con la actual situación de interinidad del Gobierno, pudiera darse el caso de no llegar a presentar un Proyecto de PGE en las fechas que marca la Ley (30 septiembre) y esto conllevaría prorrogar los anteriores. Dicha prórroga, por si sola, podría implicar el mantenimiento del marco normativo anterior (a efectos de limitaciones a la negociación colectiva en ámbitos inferiores), la no modificación de las retribuciones (congelación salarial) y la imposibilidad de realizar OEP durante el año 2017 volviendo de este modo a incidir negativamente en el deterioro de los servicios públicos y en la merma de las condiciones sociales y laborales de las empleadas y empleados públicos.

En este contexto, el Área Pública de CCOO exige nuevamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y así nos dirigiremos a él de manera inmediata, la convocatoria de manera urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas y que se cumplan los compromisos adquiridos por el secretario de Estado, Sr. Beteta, en la reunión de junio de 2016, e instamos a la negociación de aquellas materias que consideramos urgentes, que serían, entre otras, las siguientes:

1)   Aspectos retributivos para las empleadas y empleados públicos.

2)    Abordar cuestiones de Empleo, en los que se pongan sobre la mesa la negociación de los criterios de OEP 2017 que evite el colapso de los servicios públicos y el incremento de la precarización del empleo, unido a ello, la posibilidad para la negociación, en cada ámbito correspondiente, de la Oferta de Empleo excepcional para todas aquellas plazas presupuestadas y no cubiertas o cubiertas por personal interino.

3)    Negociación de aquellos aspectos que, durante la legislación de crisis, se establecieron con carácter básico e indisponibles para ámbitos inferiores y que deberían poder volver a ser disponibles (jornada, permisos, etc.).

4)    Recuperación con carácter básico de todos los recortes que hemos sufrido los Empleados Públicos en el período de crisis.

5)    Establecimiento de un calendario de negociaciones para el resto de materias.

CCOO considera injustificable la actuación del Tribunal Único de las oposiciones de Tramitación, turno libre

CCOO CONSIDERA INADMISIBLE LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO QUE ADEMÁS DE TARDAR MÁS DE CINCO SEMANAS EN LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO CON LA RELACIÓN DE APROBADOS, NO HA ESTIMADO NI UNA SOLA DE LAS CIENTOS DE IMPUGNACIONES QUE EL PROPIO TRIBUNAL ADMITE HABER RECIBIDO

Una vez publicado el Acuerdo del Tribunal Calificador Único del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (turno libre), desde CCOO, queremos volver a incidir en una serie de cuestiones que nos hicieron en su día presentar una impugnación general del examen para el acceso a dicho cuerpo celebrado el pasado día 3 de julio.

En primer lugar, hay que recordar que se trata de un proceso selectivo para el acceso a un cuerpo para el cual se exige la titulación de bachillerato (oposiciones de nivel C1), es decir, que no se está pidiendo para el acceso a dicho cuerpo ser jurista, ni tan siquiera tener titulación universitaria.

En segundo lugar, desde CCOO queremos volver a hacer hincapié en que se trata de una oposición con un temario limitado (aprobado por Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre; BOE de 19 de octubre) y no estamos de acuerdo con el examen que se planteó a los opositores entre otros motivos por los siguientes:

Se formularon preguntas que estaban fuera del temario; hubo preguntas con más de una respuesta correcta, a pesar de que en la instrucción 3ª del examen se indicaba que solo había una respuesta correcta, y preguntas en las que no se especificaba la ley en virtud de la cual había que responder.

Por último, CCOO consideramos que, cuando por fin, en esta convocatoria se ha conseguido que haya preguntas de reserva, el Tribunal Calificador Único, que reconoce en el propio Acuerdo el elevado número de impugnaciones recibidas, no haga uso de dichas preguntas cuando claramente hay motivos para estimar algunas de las impugnaciones que fueron presentadas.

Por tanto, en CCOO no compartimos la decisión del Tribunal Calificador Único, que planteó un examen que excedía del temario propio de la oposición de Tramitación Procesal y Administrativa, ni la tardanza a la hora de sacar las notas de corte y la relación de aprobados, ni el hecho de que no se haya estimado ninguna impugnación por parte de dicho Tribunal, y entendemos que los opositores y las opositoras, que sufren un importante estrés durante el período de las pruebas de acceso, se merecen un mayor respeto.

En CCOO defendemos que se haga un examen ajustado al temario y en el que se valoren los principios de igualdad, merito y capacidad de todos los opositores. Esperamos que esta decisión del Tribunal Calificador Único así como la inexplicable tardanza en la publicación de las notas sea un caso aislado y no suponga un precedente para futuros procesos selectivos.

Nota informativa de CCOO sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad, por excesivas, de algunas de las tasas judiciales

Tras la sentencia solo se mantendrán las tasas fijas para las personas jurídicas en la interposición de demandas del orden jurisdiccional civil en sus actuales cuantías y quedan anuladas las tasas para los recursos en todos los órdenes jurisdiccionales y la parte de las tasas que estaban vinculadas a la cuantía del procedimiento

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUE DECLARA FUERA DE LA LEGALIDAD PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES IMPUESTAS POR GALLARDÓN EN 2012, DEMUESTRA DE NUEVO QUE EL GOBIERNO DEL PP LEGISLÓ VIOLENTANDO EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

No obstante, CCOO considera que la sentencia es extremadamente benévola con el poder ejecutivo, olvidando los derechos de decenas de miles de ciudadanos, al establecer que “no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”, (…) “por lo que no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables”

Si bien la sentencia declara que el establecimiento de las tasas judiciales “no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes”, el Tribunal Constitucional seguirá permitiendo al poder legislativo la imposición de tasas judiciales aunque para ello deberían revisarse a la baja las cuantías de algunas de ellas.

Aunque esta opción sea constitucionalmente aceptable, CCOO apuesta por recuperar lo establecido en la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. Defendemos que la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas no abonen tasas judiciales porque ya pagan con sus impuestos la financiación de todos los servicios públicos, como la Educación, la Sanidad y la Justicia.

CCOO rechaza de plano el establecimiento de “copagos” para los usuarios de los servicios públicos esenciales.

Para CCOO esta sentencia da parcialmente la razón a las organizaciones sociales y a la ciudadanía que nos unimos en la lucha contra esta injusta ley en el intento del gobierno del PP de dejar fuera de la tutela judicial efectiva a millones de personas.

En esta lucha, ha sido fundamental la unidad de las organizaciones sociales que, como en la Plataforma Justicia para Todos, impulsamos la recogida de decenas de miles de firmas contra esta Ley y las acciones de protesta masivas que se llevaron a cabo.

No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) adolece de la fortaleza necesaria para emitir un dictamen claro que muestre a la ciudadanía que tiene en ese alto Tribunal el garante de sus derechos.

Porque declarar, como hace la sentencia, que no debe obligarse al Gobierno a devolver los más de 500 millones de euros recaudados de las decenas de miles de personas que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para poder ejercer un derecho constitucional como es el acceso en condiciones de igualdad a la Administración de Justicia, es una severa demostración de que dicho Tribunal no está a la altura de lo que le exige esta sociedad democrática: ser absolutamente independiente del poder político y vigilante de sus actuaciones si éstas ponen en riesgo los derechos de todas y todos los ciudadanos.

Asimismo, para CCOO es totalmente inaceptable también que el Tribunal Constitucional en su sentencia “olvide” a ese inmenso número de personas que no pudieron acudir a defender sus legítimos derechos ante los Juzgados y Tribunales por culpa de una injusta ley de Tasas impuesta por Gallardón y su Gobierno, con su presidente a la cabeza. Puede deducirse del contenido de esta sentencia que el TC desconoce que decenas de miles de personas han visto presuntamente vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva al no poder acudir a los Tribunales a defenderlos, y esa presunta vulneración no puede ya remediarse ni está el TC dispuesto a exigirlo al Gobierno.

No es aceptable en absoluto, que se pretendiera por Gallardón y Rajoy imponer tasas para acceder a la Administración de Justicia con cantidades paritarias para todos, de forma que debían abonar lo mismo una persona con ingresos mínimos como una gran empresa que factura cientos de miles de millones de euros al año. Los impuestos si no son progresivos en función de los ingresos atacan los pilares de un Estado social, y las tasas judiciales constituyen un ataque a esos cimientos.

Solo la eliminación de todos los aspectos de la Ley de Tasas del Gobierno del PP, el reconocimiento de que lo abonado por la ciudadanía debería devolverse y la restauración de los derechos de todos aquellos que intentaron acudir a la Administración de Justicia y no pudieron hacerlo porque la Ley de Tasas Judiciales se lo impidió, hubiera permitido abrir un camino para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia.

Pero el contenido de la sentencia del TC permite que siga prevaleciendo la posición del Partido Popular de seguir en una senda profundamente injusta que, a través del deterioro de los servicios públicos y la dificultad para el acceso a los mismos, sigue castigando a la mayoría más débil de la sociedad y que ha encontrado en tribunales que dictan sentencias como ésta un impagable aliado.

El Tribunal Constitucional en esta sentencia ha declarado la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en relación con las tasas que la ley 10/2012 había impuesto también para las personas físicas por lo que no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad. Nada más tomar posesión, el ministro Catalá propuso la modificación de esa Ley eximiendo a las personas físicas del pago de las tasas judiciales, que Gallardón también había propiciado con la complicidad de su gobierno y de todo el Partido Popular. Nunca sabremos, por tanto, si esas tasas impuestas a los ciudadanos y ciudadanas respetaban o nola Constitución Española pero para CCOO sigue estando claro que constituían un ataque sin precedentes a la mayoría de la sociedad en su derecho a la tutela judicial efectiva por lo que seguiremos luchando para que ningún nuevo gobierno ni parlamento persista en este tipo de políticas contrarias al estado social y democrático que propugna nuestra constitución.