El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia (19 de octubre de 2021

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia

Adjuntamos enlace a lo publicado en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros ayer, 19 de octubre de 2021

Ministerio de Justicia: el Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia

Reseña del Consejo de Ministros

Justicia

Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 11. ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1, letras a) y b), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades

Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 11. INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

Justicia Digital: el ministerio empieza a dar la razón a CCOO y comprobará el buen funcionamiento antes de seguir extendiendo su implantación

• Grupo de trabajo sobre proyectos tecnológicos de justicia digital.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA EMPIEZA A DAR LA RAZÓN A CCOO Y COMPROBARÁ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ANTES DE SEGUIR EXTENDIENDO SU IMPLANTACIÓN 

• El ministerio también reconoce que la formación ha sido escasa y que el CAU no ha prestado el servicio necesario como CCOO hemos venido denunciando desde hace varios años 

En la reunión de este grupo de trabajo, que ha tenido lugar en tarde de hoy, CCOO hemos vuelto a reivindicar el derecho del personal de la Administración de Justicia a la negociación colectiva de todo lo relacionado con la implantación de las nuevas tecnologías ya que ésta supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que debe conllevar contrapartidas económicas y de reconocimiento profesional.

CCOO hemos recordado al actual equipo ministerial la posición que ya habíamos manifestado al anterior gobierno, que puede resumirse en:

• El establecimiento, a sabiendas de que no era factible, de fechas concretas para la implantación obligatoria del sistema telemático de comunicaciones (1 de enero de 2016) y del expediente judicial electrónico (7 de julio del mismo año) fue un gravísimo error estratégico. A día de hoy, más de dos años después, la implantación se está haciendo sin los medios suficientes y no alcanza ni al 50% de los órganos judiciales y fiscales. 

• Ni los programas y aplicaciones informáticas, ni los equipos instalados son suficientes ni fiables para dar respuesta a las necesidades de la administración de justicia. A pesar de las ingentes cantidades de dinero invertidas, siguen las caídas (más o menos frecuentes y generalizadas) del sistema y, como regla general, el expediente electrónico convive con el soporte papel al no existir las garantías de seguridad y fiabilidad necesarias.

• No ha habido ni hay planes de formación suficientes para el personal de justicia usuario de las nuevas tecnologías.

• En la estrategia de implantación no ha habido ni hay participación de estas personas usuarias a las que simplemente se nos obliga a utilizar las deficientes herramientas disponibles sin ningún tipo de reconocimiento profesional ni retributivo.

• El CAU no da una respuesta eficaz ni suficiente a las continuas incidencias que se plantean. 

• La propuesta de CCOO, desatendida por el anterior equipo de Catalá, fue que la implantación se hiciese de forma pausada, mediante experiencias piloto que no se extendieran hasta que se comprobara su óptimo rendimiento; que se hiciese de forma negociada con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y que se estableciese un plan de formación y de asistencia al personal usuario suficiente. 

Más a allá del intercambio de posiciones entre los sindicatos y la administración, los avances y compromisos del ministerio en esta reunión han sido muy escasos. No obstante, el Secretario General de la Administración de Justicia, máximo representante ministerial en la reunión, ha manifestado literalmente que “no se van a seguir haciendo cosas sin previamente comprobar que funcionan bien”, atendiendo las demandas de CCOO y la Directora General de Modernización y Desarrollo Tecnológico se ha comprometido a incrementar las actividades formativas y a mejorar las prestaciones del CAU.

Por último, CCOO hemos solicitado que se nos remita el plan de renovación de los equipos informáticos que está en marcha en el ámbito no transferido y el ministerio se ha comprometido a remitirnos un informe con las fechas, equipos que se renovarán y centros de trabajo afectados.

Carta de CCOO a la nueva Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia

Tal y como ya hicimos con la nueva Ministra y Secretario de Estado de Justicia, CCOO hemos remitido también una carta a la nueva Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia

CARTA A LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA ADM. DE JUSTICIA

PRESENTACIÓN CARTA

Carta de CCOO al nuevo Secretario de Estado de Justicia

CCOO hemos remitido un escrito al nuevo Secretario de Estado de Justicia muy similar al presentado a la Ministra de Justicia el pasado 8 de junio, con todas las reivindicaciones de CCOO en materia de Administración de Justicia.

CARTA AL SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

CCOO presenta a la nueva ministra las reivindicaciones del personal de la Administración de Justicia

Dolores Delgado, Fiscal de la Audiencia Nacional, nueva ministra de Justicia

CCOO SOLICITA A LA NUEVA MINISTRA DE JUSTICIA UNA REUNIÓN URGENTE Y EL INICIO INMEDIATO DE NEGOCIACIONES

La paralización de la modificación del artículo 521 de la LOPJ, la devolución de los 9 días de permiso por asuntos particulares y la subida del complemento específico del ámbito no transferido entre las principales reivindicaciones que CCOO ha planteado a Dolores Delgado

En el día de hoy, 7 de junio, fecha en que toma posesión la ministra de justicia del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, CCOO hemos presentado un escrito en el que le pedimos una reunión para plantearle los principales temas pendientes que ha dejado sin atender el ministro saliente.

En el escrito presentado le hemos puesto de manifiesto la necesidad de que se dé total cumplimiento al acuerdo firmado en 2015 con el anterior ministro, Sr. Catalá, quedando pendiente de dicho acuerdo:

• La conversión en plantilla de las plazas de refuerzo estructurales de los Órganos Centrales.

• La devolución de todos los días de permiso que nos fueron recortados.

• La regulación negociada de las sustituciones y comisiones de servicio en el ámbito no transferido, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

• La modificación negociada de la orden de selección y nombramiento de personal interino del ámbito no transferido.

• La corrección de los errores en las cotizaciones a la Seguridad Social del personal interino, incorporando todos los períodos trabajados y no cotizados por la Administración.

• La asignación de medios para mejorar la formación profesional.

También hemos exigido la negociación y convocatoria inmediata de las Ofertas de Empleo Público derivadas del Acuerdo de la Mesa General de Administraciones Públicas firmado con el anterior Gobierno por CCOO y otros sindicatos en 2017.

Y también, en cumplimiento del Acuerdo de Mesa General de marzo de 2018, hemos vuelto a exigir la retirada de los descuentos por IT, la negociación del Plan de Igualdad para la administración de justicia no transferida y la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.


En el apartado retributivo, hemos planteado a la nueva ministra la necesidad de abrir negociaciones para:

• La revisión al alza de las retribuciones complementarias del personal funcionario destinado en los Juzgados de Paz.

• La eliminación de los grupos de población en el Complemento General del Puesto, elevándose las cuantías de este concepto retributivo hasta alcanzar para todo el personal las que se perciben en Madrid y Barcelona.

• La extensión del complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales y no solo, como en la actualidad, a Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia.

• El reconocimiento de la carrera profesional horizontal, previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, existente en la inmensa mayoría de la Administraciones Públicas y no contemplado entre los derechos laborales y retributivos del personal de la Administración de Justicia en la LOPJ, que debe modificarse en este sentido.

• La subida lineal del complemento específico en todos cuerpos del ámbito no transferido en la cantidad de, al menos, 300 euros mensuales y la misma subida para Letrados y Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología.

También le hemos reclamado la retribución del 100% por todos los conceptos en los casos de sustitución en plazas del cuerpo de titulación superior; la elevación de los fondos de acción social al 1% de la masa salarial global, comenzándose, como mínimo con la reposición de las cantidades anteriores a los recortes de 2012, y la elevación de las prestaciones de la Mutualidad General Judicial, recuperándose también, como mínimo, las vigentes antes de los recortes de 2012.

Asimismo hemos traslado a la nueva ministra nuestras reivindicaciones en las siguientes materias:

• Para que defiendan en el Parlamento un Registro Civil totalmente público y gratuito, servido íntegramente por el personal funcionario de la Administración de Justicia, y con las mismas oficinas existentes en la actualidad en todos los partidos judiciales y Juzgados de Paz, así como la recuperación de las solicitudes de nacionalidad por residencia y la competencia exclusiva del Registro Civil de los expedientes previos al matrimonio civil.

• Recuperación del 50% de plazas de Promoción Interna para todos los cuerpos generales y especiales (también de Letrado/a a Juez/z o Fiscal y de Facultativo/a a Médico Forense y viceversa) y convocatoria extraordinaria con las plazas que se han dejado de convocar desde que se rebajó ese porcentaje al 30%. En todos los casos las plazas no cubiertas por promoción interna incrementarán las del turno libre.

• Le hemos solicitado la evaluación del funcionamiento de los SCOP de la Nueva Oficina Judicial y eliminarlos si, como defiende CCOO, entorpecen la tramitación de los procedimientos.

• Hemos solicitado la paralización inmediata de la implantación de las nuevas tecnologías hasta que se solucionen los problemas existentes.

• Le hemos solicitado también la creación de más juzgados y los incrementos de plantilla necesarios para equiparar las cargas de trabajo en todas las localidades y órdenes jurisdiccionales y para solucionar el colapso que soportan actualmente más de 300 juzgados de toda España.

• Mejora de las instalaciones y edificios judiciales donde se incumplen las exigencias mínimas en materia de seguridad y salud.

• Cursos de formación específicos y especializados en los Juzgados que intervienen en los delitos de violencia sobre la mujer y establecimiento de un complemento específico para estos órganos judiciales.

EL ARTÍCULO 521 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

El último día de plazo para presentar enmiendas en el Congreso de los Diputados a la Proposición de Ley, presentada inicialmente con el único objetivo de recuperar los días de permiso recortados, el Grupo Popular, cumpliendo instrucciones del Ministerio de Justicia, presentó una batería de más de 50 enmiendas con aspectos que nada tenían que ver con el objeto de la proposición de ley. Entre estas enmiendas y sin haber dado cumplimiento a la obligación legal de someter a la negociación colectiva la modificación de las condiciones de trabajo, figura la modificación del art. 521 con el objeto de convertir el municipio (en lugar de los diferentes centros de trabajo del mismo) en el único centro de destino del personal funcionario de la Administración de Justicia.

Consideramos desde CCOO esta propuesta como un ataque directo a las condiciones de trabajo del personal al que representamos ya que en un mismo municipio existen diferentes centros de destino actualmente con retribuciones también muy diferentes que no quedarían garantizadas. Además, en las grandes poblaciones, la dispersión de edificios podría provocar un traslado de varios kilómetros difícilmente conjugable con la conciliación de la vida laboral y familiar. Para CCOO, esta modificación de la LOPJ no puede llevarse a cabo en ningún caso y exigimos al nuevo equipo ministerial que se tomen las medidas oportunas para evitarlo.

Personal laboral del Ministerio de Justicia

En relación con el Personal Laboral, en el escrito presentado por CCOO recogemos literalmente:

“Especialmente castigado por los recortes ha sido y sigue siendo el personal laboral que presta sus servicios en la Administración de Justicia. Personal de Psicología, Trabajo Social, Educadores, Peritos Tasadores/as, Intérpretes-traductores/as, Oficial de Actividades específicas Autopsias, y otras categorías, enclavadas todas ellas en el Convenio Único de personal laboral, absolutamente necesarias para el funcionamiento de este servicio público y para la atención a los colectivos más desfavorecidos de los procesos judiciales, han visto sus condiciones laborales atacadas hasta límites inaceptables: plantillas absolutamente insuficientes, retribuciones indignas, falta de reconocimiento y expectativas profesionales caracterizan a este colectivo.

Debe abordarse sin falta un proceso de negociación que incluya la funcionarización de determinadas categorías profesionales, la creación de otras nuevas y la reclasificación de las existentes, el dimensionamiento de las plantillas que evite tener que recurrir a profesionales del ámbito privado como viene ocurriendo, la cobertura permanente de todas las plazas y, junto a ello, y en el ámbito del Convenio Colectivo Único de la Administración General del Estado una elevación significativa de sus retribuciones básicas y complementarias.”

Nuevas e inaceptables actuaciones para la implantación del expediente judicial electrónico

• Las Secretarías de Gobierno de los TSJ, al parecer por orden del Secretario General de la Administración de Justicia, obligan a la eliminación del papel, a sabiendas de que el mal funcionamiento de los sistemas informáticos no lo permite.

CCOO HA VUELTO A EXIGIR AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA PARALIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS HASTA QUE NO SE COMPRUEBE Y SE GARANTICE, CON EXPERIENCIAS PILOTO, SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO

Las y los trabajadores de la Administración de Justicia no podemos seguir aceptando el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, sin ninguna contraprestación, y debemos negarnos a seguir sufriendo esta nefasta estrategia del Ministerio para la implantación de las nuevas tecnologías a nuestra costa

Este sindicato ha tenido conocimiento de que se están recibiendo en los órganos judiciales circulares de las Secretarías de Gobierno de determinados Tribunales Superiores de Justicia relativas a la formación de autos y grabación de vistas con motivo de la implantación de lexnet y del expediente judicial electrónico.

CCOO ha presentado escrito al Secretario General de la Admón. de Justicia, máximo responsable del tema, en el que le reprochamos que es consciente del nefasto funcionamiento de las nuevas tecnologías con continuos parones, lentitud exasperante o falta de integración de sistemas (especialmente en la relación de las fiscalías con los órganos judiciales) lo que hace imposible que se elimine el soporte papel.

Desde CCOO hemos solicitado reiteradamente que se paralice la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia hasta que no se solucionen los gravísimos fallos existentes, procediéndose a su puesta en marcha en centros de trabajo “piloto” que se irían extendiendo una vez que esté comprobado y garantizado su óptimo rendimiento y funcionamiento. Desgraciadamente, nos hemos topado con la tozudez del Ministerio de Justicia que, desde un principio, ha desoído nuestras demandas y las de gran cantidad de operadores jurídicos que se han pronunciado en esta misma línea.

Estas circulares de las Secretarías de Gobierno a las que hemos hecho referencia al principio se emiten, según consta en las mismas, al amparo de las competencias que establece el art. 16 h) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que prevé “Cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia a través del Secretario General de la Administración de Justicia”.

Desconocemos si se trata de una “circular e instrucción de servicio” de cada uno de los/as Secretarios de Gobierno, o bien que éstos están “velando por el correcto cumplimiento de la que haya sido dictada por el Ministerio de Justicia a través del Secretario General”, aunque, dado que se han producido simultáneamente en varios TSJ, suponemos que se trata de una instrucción o circular previamente dirigida por el Secretario General a las Secretarías de Gobierno

Estas circulares, además de estar fuera de la realidad, porque resulta materialmente imposible la eliminación del soporte papel, establecen para el cuerpo de Auxilio Judicial determinadas funciones que no figuran entre las que para este cuerpo están previstas en el artículo 478 de la LOPJ y en los artículos 4 y 18 de la Orden JUS/1741/2010, que establece las RPT de la Nueva Oficina Judicial.

En todo caso, la afectación a las funciones, es decir a las condiciones de trabajo de los cuerpos de funcionarios de Justicia, resulta evidente y, tal y como hemos exigido al Ministerio en múltiples ocasiones, por escrito y verbalmente, las condiciones de trabajo tienen que ser negociadas por Ley con los representantes sindicales, a lo que en este caso y una vez más, no se ha dado cumplimiento.

Para colmo, el personal de los juzgados nos ha hecho llegar su protesta porque, al darles traslado de estas nuevas instrucciones, se les ha advertido de incoarles expediente disciplinario si no dan cumplimiento estricto a las mismas. Esta situación es inaceptable para CCOO ya que, como bien saben o deberían saber el Ministerio y los Secretarios y Secretarias de Gobierno, gran cantidad de jueces y magistrados siguen exigiendo las actuaciones en papel, mientras que, por otra parte, se nos obliga ahora a eliminarlo, con lo que esta protesta está más que justificada y le hemos traslado al Ministerio la misma para que dé una inmediata solución a este nuevo desatino en la implantación en la Justicia de las nuevas tecnologías

Ampararemos a los/as trabajadores/as que sean perseguidos disciplinariamente con motivo de que, por causas absolutamente justificadas, como las órdenes dictadas por los responsables de su órgano judicial o fiscal o la imposibilidad de trabajar sin papel, no puedan prescindir del papel en su trabajo diario.


CCOO ha solicitado en el escrito:

• Que se nos informe si estas circulares de las Secretarías de Gobierno se emiten como consecuencia del cumplimiento de alguna instrucción o circular dictada por la Secretaría General, dándosenos traslado en ese caso de la misma y procediéndose, antes de ponerse en práctica, a su negociación en la Mesa Sectorial.

• Que, en caso contrario, si dichas circulares de las Secretaría de Gobierno no obedecen a instrucciones de la Secretaría General, se proceda a su inmediata anulación, que se instará a quienes de motu propio las han elaborado.

Y hemos vuelto a reiterar, por último, nuestra exigencia de que todos los aspectos relacionados con la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia se negocien con las organizaciones sindicales, porque están afectando, y muy gravemente en muchos casos, a las condiciones de trabajo

El Ministerio de Justicia expedirá el certificado de seudónimo para su uso en el ámbito de la Administración de Justicia

El Ministerio de Justicia da la razón a CCOO y acepta que no figuren los datos personales del firmante de los documentos digitales, tal y como solicitamos,  manteniendo por otro lado las adecuadas garantías de seguridad y confidencialidad.

CERTIFICADO DE SEUDÓNIMO

La solución final adoptada sustituye la información sobre el número de DNI por otro código, limitando la información sobre la identidad del firmante al nombre y apellidos y su adscripción a una carrera o cuerpo profesional. Solamente el órgano competente de gestionar la identidad podrá, en caso que sea necesario, traducir la identidad ficticia a la identidad real.

A primeros de año, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pondrá a disposición del Ministerio de Justicia la modificación de los procedimientos y documentación asociada, para poder emitir el nuevo certificado para jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, personal de los Institutos de Medicina Legal y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que lo soliciten.

Según el Ministerio de Justicia: dos de cada tres juzgados trabajan ya íntegramente de forma electrónica.

COMPAÑER@S:

está claro que el desde las altas instancias del Ministerio de Justicia piensan que los que trabajamos en los distintos órganos judiciales y fiscalias somos IDIOTAS, y que el ciudadano que acude a los mismos, TAMBIÉN.

Sólo desde esta perspectiva se puede afirmar por el Ministerio (ver página web http://bit.ly/29jQepU ó el twitter @justiciagob) que
"dos de cada tres juzgados trabajan ya íntegramente de forma electrónica".

Sin más comentarios.

Nota de Prensa de CCOO: Fallida implantación de las Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia

• El plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial electrónico vence mañana, 7 de julio, y CCOO denuncia el incumplimiento grave de la Ley por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a ninguna de las fiscalías

Madrid, 6 de julio de 2016.

Según las informaciones de CCOO solo 25 de los 113 partidos judiciales del territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia (Comunidades Autónomas de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla) tienen instalado el programa Minerva Digital que permite la digitalización de los procesos judiciales.

En las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, solo Cantabria y Navarra podrán en la fecha legal señalada para el 7 de julio utilizar el expediente judicial electrónico en todos los órganos judiciales, salvo en los juzgados de paz; La Rioja, Aragón, Cataluña y Andalucía, lo harán solo parcialmente y en la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Madrid, Asturias y Euskadi no se van a tramitar por ahora los procedimientos judiciales con soporte digital encontrándose en diferentes grados de implantación que podrá demorarse durante años en algunos casos.

Ninguno de los 1166 juzgados y agrupaciones de juzgados de paz de toda España con personal al servicio de la Administración de Justicia dispone de los medios tecnológicos necesarios. Salvo Cantabria y Navarra, ninguna de las otras 48 Audiencias Provinciales ni ninguno de los otros 15 Tribunales Superiores de Justicia (en Murcia solo parcialmente) se ha podido poner en marcha el expediente judicial electrónico; en cuanto a los órganos centrales gestionados también por el Ministerio de Justicia, solo los Juzgados y Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional utilizan desde hace años el mal llamado “papel 0”, mientras que el resto de la Audiencia Nacional (Salas y Juzgados de las jurisdicción penal) y todas las salas del Tribunal Supremo quedan por ahora excluidos de la digitalización.

Para CCOO esta lamentable e ilegal situación (recordemos que la disposición adicional segunda de la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia estableció el 7 de julio de 2016 como fecha tope para la implantación del expediente judicial electrónico) se ha debido, además de a la desidia del propio Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias, al empecinamiento del ministro de Justicia Rafael Catalá que ya, en la precampaña electoral de las elecciones del 20D anunció el “papel 0” en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en una actuación puramente propagandística que ocultó, incluso, que lo único que debía entrar en vigor en esa fecha era el sistema de comunicaciones telemáticas entre juzgados y profesionales.

Así, el propio ministro Catalá, el 29 de Diciembre de 2016, pasadas las elecciones, no tuvo más remedio que reconocer que en algunas Comunidades Autónomas como Valencia, Cataluña, Euskadi, Andalucía o Madrid, no se cumplirían los plazos de implantación.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia ha seguido ocultando que la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia no es generalizada, que se están produciendo graves fallos de funcionamiento en el sistema Lexnet de comunicaciones y que el expediente judicial electrónico solo estaría listo para ponerse en marcha en los plazos legales en una parte muy minoritaria de los juzgados y tribunales y en ninguna fiscalía.

Desde el mes de enero de 2016 CCOO ha venido solicitando la moratoria de los plazos de implantación, propuesta a la que se han sumado diversas asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscalía General del Estado, varios colegios y asociaciones de abogados y procuradores y un sinfín de operadores jurídicos junto a gobiernos autonómicos con competencias.

También desde el sindicato se ha solicitado reiteradamente la convocatoria de las mesas de negociación para evaluar y negociar las necesidades de incrementos de plantilla, de planes de formación específicos y generales, de las nuevas funciones de los trabajadores y las trabajadoras derivadas de los nuevos sistemas de trabajo y del resto de condiciones de trabajo sustancialmente modificadas.

A ambas solicitudes de moratoria y negociación ha hecho caso omiso el Ministerio de Justicia que, aun hoy, se niega a reconocer que la implantación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia en los plazos legales establecidos ha resultado fallida.

CCOO vuelve a manifestar su decidida apuesta por la modernización de la justicia pero exige que se haga de forma pausada, consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los representantes de los trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para los medios personales y materiales necesarios y con formación profesional exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías.

El ministerio sigue negándose a reconocer el esfuerzo de los/as trabajadores/as de justicia en la implantación de las nuevas tecnologías

CCOO vuelve a solicitar la negociación de las condiciones de trabajo del personal de justicia, modificadas sustancialmente con la implantación de las nuevas tecnologías.

EN LA IMPLANTACIÓN DE LEXNET Y DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTÓNICO CCOO NO VAMOS A SER CÓMPLICES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN SUS DESATINOS Y EN SU PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y ABANDONAMOS TODO TIPO DE REUNIONES HASTA QUE NO SE CONVOQUE LA MESA SECTORIAL Y EN ELLA SE ADOPTEN MEDIDAS CONSENSUADAS CON LOS/AS TRABAJADORES/AS

CCOO hemos denunciado que el Ministerio de Justicia está incumpliendo sus propias leyes al no poderse implantar LexNet ni el expediente judicial electrónico por falta de medios en todos los juzgados, tribunales y fiscalías en las fechas marcadas

• CCOO hemos vuelto a remitir a la Secretaria de Estado de Justicia un nuevo escrito con el siguiente contenido:

VER ESCRITO PRESENTADO    DESCARGAR ESCRITO

A pesar de las reiteradas solicitudes de este sindicato (por ejemplo, escritos presentados con fecha 15 de febrero y 4 de mayo de 2016) para que se proceda a una negociación plena de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia que se están viendo sustancialmente modificadas con la implantación de las nuevas tecnologías, desde el Ministerio de Justicia no hemos recibido ninguna contestación mientras se siguen acometiendo actuaciones a espaldas de los y las trabajadoras y de las organizaciones sindicales que los representamos.

Muy al contrario, el Ministerio de Justicia ha optado por actuar de forma obstinada y unilateral, modificando las condiciones de trabajo y estableciendo nuevos sistemas organizativos sin haber respetado el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras.

Esta falta de participación y negociación ha provocado una situación inaceptable para CCOO, en la que la falta de planificación, la improvisación, la falta de planes sistematizados de formación del personal, la falta de reconocimiento del trabajo que se realiza, la indefinición de funciones de cada cuerpo y puesto de trabajo, el mal funcionamiento de los programas y equipos informáticos, la insuficiencia de medios del CAU, han abocado, como ya advertimos desde este sindicato, a un caos organizativo en los juzgados, tribunales, fiscalías y servicios de la administración de justicia y, lo que es más grave, al incumplimiento, en una muy significativa parte de las oficinas, de la legislación vigente: se incumplen las disposiciones legales aprobadas precisamente por o a iniciativa del Ministerio de Justicia que obligan a aplicar las intercomunicaciones telemáticas desde el pasado 1 de Enero y a la implantación del expediente judicial electrónico a partir del 7 de Julio, imposiciones legales que en una gran cantidad de oficinas judiciales y fiscales no se están respetando con pleno conocimiento del Ministerio de Justicia que oculta esta realidad a la opinión pública y se hace cómplice de este incumplimiento de la ley.

A pesar del total desprecio al derecho a la negociación colectiva que el Ministerio de Justicia ha mostrado sin tan siquiera dignarse a contestar a los escritos presentados por este sindicato, CCOO ha venido asistiendo con regularidad a las reuniones de la comisión de seguimiento con la Subdirección General de Nuevas Tecnologías en la que se mostraba una aparente -y falsa- apuesta del ministerio por la participación sindical en este proceso.

Ante lo que consideramos una falta total de consideración y respeto a los trabajadores y a quienes les representamos hemos tomado la decisión de abandonar esa comisión de seguimiento ya que no queremos ser ni parecer partícipes de los desatinos ni de la propaganda institucional que el Ministerio de Justicia en funciones está llevando a cabo a costa del exclusivo esfuerzo del personal, al que no se nos reconocen ni valoran los sobreesfuerzos que continuamente estamos realizando para que el servicio público de la Administración de Justicia dé un buen servicio a la ciudadanía, supliendo la falta de medios personales y materiales con que el conjunto de la Administraciones Públicas han castigado y siguen castigando a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y servicios de la justicia española.

CCOO ha solicitado y vuelve a exigir en este escrito la convocatoria inmediata de la mesa sectorial de negociación, con un único punto del orden del día en el que se aborden todas las cuestiones relacionadas con las implantación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia y en la que defenderemos nuestras propuestas que comparten la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadores y que, reiteramos, son:

• Que se reconozca la imposibilidad real, por falta de medios, de la implantación generalizada de las comunicaciones telemáticas y del expediente judicial electrónico en todas las oficinas judiciales y fiscales y se aplacen, por tanto, las fechas de entrada en vigor obligatorias. 

• Que se determinen de forma negociada las oficinas judiciales y fiscales “piloto” y extender progresivamente los nuevos sistemas de trabajo una vez detectadas y corregidas las deficiencias que se vayan produciendo. 

• Que se establezca un protocolo de coordinación con todas las Comunidades Autónomas con competencias para que el resultado final sea homogéneo y a ritmos similares de implantación. 

• Que se garantice la participación directa de los trabajadores y las trabajadores con comisiones de seguimiento en todas las provincias. 

• Que se incrementen y mejoren los medios tecnológicos. 

• Que se refuercen las plantillas, al menos en los servicios de registro y reparto. 

• Que se exija al CAU el incremento sustancial de medios para poder atender satisfactoriamente y con rapidez todas las incidencias. 

• Que se renegocien las funciones de cada uno de los cuerpos y puestos de trabajo. 

• Que se negocie un complemento retributivo extensivo a todo el territorio nacional y a todo el personal que utiliza de forma obligatoria estos nuevos sistemas de trabajo. 

• Que se negocie un verdadero plan global de formación que llegue a todos los trabajadores y las trabajadoras. 

• Que se evalúen los riesgos psicosociales y ergonómicos derivados de la modificación de los sistemas y métodos de trabajo.