09.02.2012.- La Confederación Sindical de CCOO, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas en el caso Gürtel, ha expresado su sorpresa y malestar y considera que contribuye a profundizar la distancia y el escepticismo de los ciudadanos respecto a la justicia.
En declaraciones de Fernando Lezcano, secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, "la sentencia es un sinsentido que sólo contribuye a profundizar la distancia y el escepticismo de los ciudadanos respecto a la justicia".
"Es imposible comparar la contundencia de esta sentencia con las absoluciones a las que recientemente hemos asistido", ha añadido Lezcano.
La sentencia del alto tribunal, que se aprobó por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón, le condena a 11 años de inhabilitación y supone la "perdida definitiva" de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque estaba suspendido de sus funciones desde 2010.
El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".
Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.
"Es imposible comparar la contundencia de esta sentencia con las absoluciones a las que recientemente hemos asistido", ha añadido Lezcano.
La sentencia del alto tribunal, que se aprobó por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón, le condena a 11 años de inhabilitación y supone la "perdida definitiva" de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque estaba suspendido de sus funciones desde 2010.
El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".
Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.
