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CCOO y UGT celebran la aprobación, por fin, del Ingreso Mínimo Vital para intentar proteger a 850.000 hogares, que además están sufriendo muy intensamente esta crisis del coronavirus. Valoran positivamente esta medida porque es una reclamación histórica de ambas organizaciones (hace treinta años promovimos, tras la Huelga General del 14D de 1988, las pensiones no contributivas y, como última manifestación del compromiso sindical en esta materia, hace cuatro años presentamos la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso, avalada por 710.000 firmas); porque su puesta en marcha va a ser inmediata, empezando a proteger a un colectivo prioritario; y porque completa uno de los vacíos de cobertura que existen en la red de protección social existente en nuestro país.
Una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza, con una prestación que perdurará mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, o en su caso, de inserción social. Por ello, sin perjuicio de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, cuando corresponde, CCOO y UGT exigen un seguimiento permanente de cada caso por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.
Además, esta prestación debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando debido a esta pandemia.
Medida urgente
Desde el inicio de esta crisis, UGT y CCOO han insistido en reivindicar de manera constante la necesidad de extender de manera urgente la protección a todos los colectivos desfavorecidos, pues la cobertura de la protección por desempleo deja fuera a muchos desempleados sin ingresos (casi el 40%, y la red social aprobada por el Gobierno, exigida por ambos sindicatos y acordada en buena medida en el ámbito del Diálogo Social, a pesar de su extensión, tampoco ha llegado a todas estas personas.
Los sindicatos habíamos exigido una renta para dotar de unos recursos mínimos a las familias que estaban en situación de pobreza, exclusión o riesgo de exclusión social. Las personas que las integran, han sido golpeadas con dureza por esta crisis y en muchos casos no tan tenido ningún ingreso para poder sobrevivir.
Los sindicatos hubiéramos preferido que se hubiera articulado como una medida urgente y extraordinaria desde hace más de dos meses. Un millón de desempleados más debido a la COVID-19, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación; uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; 700.000 hogares sin ningún ingreso; más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro; 33.000 personas sin hogar; y 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Una realidad, que agravaba la situación precedente, ya grave, de una parte importante de la población, exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses.
El Gobierno ha preferido anticipar la creación de una medida más estructural, lo que ha provocado serias y evidentes deficiencias en los mecanismos de participación propios de la Seguridad Social, para diseñar una prestación nueva dentro de la misma, con un escaso margen de tiempo.
Para CCOO y UGT, se hacía necesaria esta Renta Mínima Vital, con requisitos específicos debidos a la crisis del COVID19, para una situación muy concreta por un periodo determinado, ya que articulada de la manera correcta puede alcanzar a todos los colectivos desfavorecidos y convertirse en un elemento determinante para que la salida de la crisis de nuestro país sea más rápida sin que nuestra sociedad pague una mayor factura en términos de pobreza.
Una ley específica para esta crisis y, después, desarrollar la ILP para una Prestación de Ingresos Mínimos
CCOO y UGT señalan que la Renta Mínima aprobada por el Gobierno no es la ley que ambas organizaciones hubieran esperado, pero consideran que su aprobación era necesaria para que los más afectados por esta crisis tuvieran recursos para poder sobrevivir.
Por ello, UGT y CCOO abogan, a la espera de conocer el texto final publicado en el BOE, por su tramitación parlamentaria en la que su contenido y diseño deben mejorarse, para permitir un mejor acceso a la prestación de la población vulnerable, incluidas las personas jóvenes emancipadas hace menos tiempo y a otros colectivos vulnerables; garantizar sin menoscabo alguno, el papel de los interlocutores sociales en los ámbitos de participación de la Seguridad Social; así como garantizar la mejor adaptación constitucional de la nueva prestación.
CCOO y UGT trabajaremos para que la compatibilidad de la nueva prestación con los salarios procedentes del trabajo, no produzca un incremento del fraude laboral y salarios aún más bajos, tal y como ya ha ocurrido en otros países que han implementado dicha compatibilidad. Igualmente, exigiremos que la nueva prestación de IMV tenga una revalorización automática, que como mínimo garantice su poder adquisitivo, pues es esencial en tanto que esta prestación se configura como un mínimo de ingresos, que no puede reducirse en términos reales por la subida de precios. Revalorizar anualmente, al menos en el IPC es, por tanto, una cuestión clave.
Al mismo tiempo, ambas organizaciones sindicales exigen que se inicie, sin más dilación la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos que ambos sindicatos llevamos al Congreso hace cuatro años, avalada por 710.000 firmas de la ciudadanía de nuestro país, y que ha sido retrasada y bloqueada desde hace varios años.
UGT y CCOO recuerdan que las políticas de austeridad de la última década, con especial intensidad durante los gobiernos del PP, recortaron el gasto público social y multiplicaron la pobreza en nuestro país, hasta tal punto que hoy el gasto social en España sigue siendo muy inferior a la media europea y muy por debajo de nuestro nivel de desarrollo económico. Resulta urgente e imprescindible impulsar la protección social de las personas, más aún después de esta crisis, mediante una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social y un elemento de enorme importancia para reforzar nuestro Estado de Bienestar, con el que muchas personas podrían salir de los índices de pobreza severa que acucian a una parte importante de la ciudadanía.
La ILP promovida por CCOO y UGT dará cobertura, de aprobarse, a un número mucho más amplio de personas en situación de necesidad. En su trámite parlamentario, el apoyo de las fuerzas políticas que ya la apoyaron en su día, y hoy cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, debe hacerlo realidad.
