Denuncian que los cambios anunciados son "mínimos" e "insuficientes" - El colegio de letrados y el juez decano aplauden la rectificación, pero piden una revisión más profunda
ANA BLASCO Las reformas anunciadas en la reciente ley de tasas judiciales, que el Gobierno pretende aprobar hoy en el Consejo de Ministros, no han convencido a nadie en los juzgados de Vigo. La Plataforma "Unha Xustiza para todos", así como la agrupación de Avogados Novos y el Colegio Oficial de Procuradores denuncian que los cambios son "mínimos" y acusan al ministro Alberto Ruíz Gallardón de intentar "engañar" a la población con su anuncio. El juez decano y el colectivo de letrados no son tan duros con el titular de Justicia. De hecho, aplauden que haya iniciado el camino de la rectificación y le piden que se adentre en él y aplique los cambios necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
En un comunicado a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el Ministerio anunció que adelantará los efectos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -en tramitación-, que eleva los umbrales de renta que eximen del pago de tasas. Lo hará con carácter retroactivo desde el 17 de diciembre, momento en que entró en vigor el "tasazo". Además, los desahuciados no tendrán que pagar las tasas que corresponden al banco a través de la condena en costas; laos tributos para recurrir sanciones de la Administración no podrán superar el 50% de la cuantía de la misma; y reduce en un 80% la tasa variable que las personas físicas deben pagar para recurrir y en primera instancia, en el orden civil y contencioso administrativo.
"Es más de lo mismo. No ha cambia nada. La tasa fija, que es la que más afecta, no se ha movido ni un céntimo. Solo baja la tasa variable, así que lo único que facilitará será las reclamaciones de cantidades enormes", explica Fabián Valero, presidente de Avogados Novos, que opina que "se ha intentado manipular a la opinión pública con el anuncio de reforma". Ofrece un ejemplo de lo que supondrá la reforma: "Un recurso de responsabilidad patrimonial contra la Administración (negligencias médicas, expropiaciones indebidas, lesiones por mal estado del espacio público...) por una indemnización de 30.000 euros suponía 950 euros en tasas; 800 de la fija y 150 de la variable. Con el cambio, la variable se reduce a 30 y son 830 euros por recurrir. Sigue siendo una cantidad muy elevada". El decano de los procuradores, Manuel Castells, coincide con esta agrupación en criticar que la rebaja solo se aplique a las tasas variables. "El anuncio es frustraste y un poco engañoso". De "tomadura de pelo" lo califica el portavoz de la plataforma "Unha xustiza para todos", Pablo Valeiras y añade: "han utilizado unos porcentajes que impresionan mucho (el 80% de la reducción de la tasa variable) de forma torticera, pero seguimos teniendo que pagar por presentar cualquier tipo de demanda".
Todos lamentan que la defensora del Pueblo paralizara el recurso de inconstitucional ante este anuncio del Ministerio. También el decano de los letrados, Alfonso Álvarez Gándara, que aunque considera la reforma "insuficiente" y opina que "hay aspectos muy duros de la ley que se mantienen", aplaude que el Gobierno se haya percatado de la necesidad de rectificar. "Mi deseo es que lo haga de nuevo y vaya más allá". Para el juez decano, Germán Serrano, esta ampliación de la reforma debería incluir la modificación "a la baja de la tasa fija" y "tener en cuenta los ingresos de cada ciudadano". Para ello, pide al ministro que escuche a todos los colectivos implicados y elabore un texto de "calidad técnica".
Publicado en www.farodevigo.es
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