Caos informático en el estreno del Registro de Penados y Rebeldes
Publicado en www.abc.es
La nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que empezó a funcionar ayer en los juzgados de toda España, se estrenó con el bloqueo del sistema y con un número de incidencias tan elevado que colapsó el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia. El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha invertido 1.230.000 euros en la mejora de este Registro, que estaba disponible desde el pasado día 19 con el fin de que sus usuarios se familiarizaran con el nuevo sistema.
Lo cierto es que, según fuentes consultadas por ABC, la aplicación ha dado problemas y ha provocado un aluvión de llamadas al CAU. Entre las quejas más frecuentes figura la imposibilidad de incorporar directamente al expediente digital la información recabada del Registro, lo que obliga a imprimir los datos. Además, carece de un buen sistema de búsqueda, circunstancia que ralentiza el trabajo.
La puesta en marcha de esta aplicación es uno de los objetivos que el ministro se había fijado para la modernización de la Justicia, pues permite a los juzgados disponer de forma inmediata de información sobre los delincuentes reincidentes y los huidos.
Dos colectivos de jueces se plantean adelantar la huelga al 18 de febrero
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La decisión pone en peligro la unidad de acción en la negociación con el Gobierno
El resultado de las juntas y asambleas de jueces del pasado 21 de enero -en las que más de 800 jueces se desentendieron de las asociaciones judiciales y votaron a favor de convocar una huelga para el próximo 18 de febrero- amenaza con romper la unidad de acción de los colectivos que aglutinan a la mitad de la judicatura. Dos de las cuatro asociaciones que el lunes negociaron con el Gobierno las reivindicaciones que sustentan la movilización de la magistratura, la moderada Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), se plantean ahora unirse al plan trazado por las juntas de Murcia, Extremadura y Zamora, y por el autodenominado Movimiento 8 de octubre, cuyos miembros quieren adelantar el paro.
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La huelga de jueces del 18-F gana apoyos tras el fracaso de la reunión con Bermejo
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El ministro se reúne hoy con los fiscales, que esperan «responsabilidad» del Gobierno frente a sus
La clave está en ver el vaso medio lleno o medio vacío. Las cuatro asociaciones de jueces que el pasado lunes se sentaron a negociar con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hacen un análisis diferente del resultado del encuentro pese a la valoración pública conjunta pactada tras el mismo. De ahí que sea diferente también la opinión de cada una de ellas respecto a cuál debe ser el calendario de movilizaciones.
Si bien el documento que las cuatro asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) firmaron el pasado día 12 establece como fecha para la huelga de los jueces el 26 de junio con el fin de agotar la vía de la negociación con el Ministerio, la reunión del lunes con Bermejo ha acabado con la paciencia de las dos últimas, que no descartan adelantar la convocatoria del paro bien al 18 de febrero, bien a otra fecha intermedia (que sitúan en marzo o en abril). Esta decisión, en cualquier caso, deberá ser sometida por ambas asociaciones a votación entre sus afiliados.
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