Las comunidades rechazan la propuesta del Gobierno para financiar la justicia gratuita

Reclaman destinar lo recaudado con las tasas judiciales - El Ministerio ofrece cubrir solamente el sobrecoste de ampliar la cifra de beneficiarios

Todas las comunidades autonómas, incluidas las del PP, rechazaron ayer la nueva propuesta del Gobierno sobre la parte de la recaudación de las tasas judiciales que irá destinada a financiar la justicia gratuita. En la reunión de la conferencia sectorial de Justicia, celebrada ayer en Madrid con la ausencia del titular del Ministerio, Alberto Ruiz Gallardón, el Ejecutivo le planteó a las comunidades asumir, con cargo a lo recaudado con las tasas, el "sobrecoste" que les supondrá la aplicación de la nueva Ley de Asistencia Justicia Gratuita, derivado de la ampliación del número de sus beneficiarios. Pero el Ministerio se limitará a un incremento máximo de la aportación de cada comunidad: un 0,47% más en las autonomías que no tienen transferidas competencias en la materia y como máximo el triple de ese porcentaje en las que, como Galicia, sí.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que la postura de las autonomías fue "prácticamente unánime" en torno a defender "el planteamiento inicial que se había hecho de destinar una parte importante de la recaudación de las tasas a sufragar la justicia gratuita". "Lo que le dijimos todas las comunidades es que reconsideraran su posición y el compromiso que había al principio", señaló. Con la oferta de ayer del Ministerio, reiteró, "no podemos estar conformes". Con todo, espera llegar a solventar las divergencias en la "negociación".

Justicia defiende cubrir el mayor coste generado por nueva la ley de Justicia Gratuita, pero alega que esta ya fue financiada cuando se transfirió la competencia, por lo que una "aportación indiscriminada implicaría una doble financiación".

Publicado o 17/12/2013 en www.farodevigo.es

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Las administraciones públicas recortan por tercer año consecutivo el gasto en Justicia Gratuita

Las administraciones públicas volvieron a recortar en 2012 el gasto destinado a justicia gratuita. El pasado ejercicio se invirtieron en España 232 millones de euros en facilitar a los ciudadanos sin recursos económicos el derecho a un abogado de oficio y el acceso a los tribunales, lo que supone casi un 9% menos que en 2011. “La inversión en Justicia Gratuita se ha reducido en casi 25 millones de euros en los tres últimos años”, ha denunciado hoy Carlos Carnicer,  presidente del Consejo General de la Abogacía Española, quien ha criticado esta rebaja en un momento en el que “la justicia gratuita es cada vez más significativa” dada la grave crisis económica que sufre el país.

Carnicer ha lanzado esta crítica en la presentación del VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer. “Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son ricos”, ha afirmado el representante de los abogados parafraseando al ex presidente de Estados Unidos John F. Kenedy, al tiempo que ha advertido que con la reciente subida de tasas se puede agravar esta situación. “La sociedad se resentirá de que los más necesitados no puedan acudir a la Justicia”, ha advertido.

La reducción del gasto ha sido una constante en las comunidades autónomas que tienen una mayor inversión en Justicia Gratuita. Valencia ha bajado un 40%, debido principalmente a una dura reducción de los baremos de retribución a los abogados; Galicia ha disminuido más del 15%; Madrid, desciende más del 13%; Aragón, más del 9%; y Cataluña, el 8%. Por su parte, las bajadas han sido más reducidas en País Vasco (casi el 5%) y Navarra (3%).  Por el contrario, pese la tendencia de las administraciones públicas a recortar inversión, las comunidades con mayor índice de parados y ciudadanos afectados por la crisis se han visto obligadas a dedicar más recursos a defender a los necesitados. Así, en Castilla-La Mancha el gasto sube el 11%; en Extremadura, un 9,5%; en Canarias, un 5%; en Ceuta y Melilla, un 4%; y en Andalucía un 2%.

El año pasado hubo unas 800.000 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, de las que fueron aceptadas nueve de cada 10. Un total de 39.000 abogados conforman el turno de oficio, lo que representa el 28% del total de letrados censados y un 3,4% más de los que había el año anterior.

Del total de la inversión, el servicio de Turno de Oficio absorbe el 66%, alcanzando los 154,7 millones de euros. A continuación le siguen el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido, con unas certificaciones durante 2012 que alcanzan casi los 48 millones de euros (20% del total), y el de Violencia de Género que, con un 4%, llega a los 9 millones de euros.

La dificultad a la hora de cobrar sus honorarios es la mayor preocupación de los abogados adscritos al turno de oficio, según una encuesta realizada por Metroscopia y que incluye el informe presentado hoy.

Por comunidades autónomas, Cataluña, es la que destina una mayor inversión en Justicia Gratuita con 53,6 millones de euros, el 23% del total. A continuación se encuentra Andalucía (41,8 millones de euros y el 18% del total) y de Madrid, con 36 millones (15% del total). La Comunidad de Valencia y Canarias ocupan los siguientes puestos con 16 millones cada una. Las tres comunidades autónomas con mayor inversión en Justicia Gratuita acaparan más del 56% del total del gasto a nivel nacional.

Publicado o 09/07/2013 en www.diariojuridico.com

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El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita

El anteproyecto de ley de justicia gratuita visto en el Consejo de Ministros del viernes amplía el número de beneficiarios que podrán acogerse a ella y extiende este derecho a determinados colectivos especialmente vulnerables como son las víctimas de violencia de género, terrorismo y menores y discapacitados objeto de agresión.

El Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que sustituirá, una vez se apruebe en el Parlamento, a la vigente Ley que data del año 1996, "porque después de 17 años era absolutamente necesario adecuarla a la realidad social", ha dicho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Esta reforma, según ha subrayado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "garantiza que los ciudadanos más desfavorecidos puedan acceder a la tutela judicial efectiva y permite que colectivos que hasta ahora no tenían este beneficio puedan acceder a él sin necesidad de acreditar la insuficiencia de medios".

Además de elevar los los niveles de renta para acceder al beneficio de la justicia gratuita, por primera vez se tendrán en cuenta las circunstancias familiares.

Así, el umbral de dos veces el salario mínimo interprofesional (14.910 euros al año) se eleva a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar sean cuatro (19.170,39 euros).

Con independencia del nivel de renta, podrán beneficiarse de la justicia gratuita en todos los procedimientos las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, los menores y discapacitados objeto de agresión, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.

Recursos presupuestarios

Tal y como ha explicado el ministro de Justicia, "este anteproyecto contiene la regulación sustantiva de la justicia gratuita, pero los recursos presupuestarios imprescindibles para que hoy el Consejo de Ministros haya podido aprobar esta ampliación de la justicia gratuita en España nacen de la ley de tasas que fue aprobada el año pasado en el Congreso y en el Senado".

"Sin la revisión de las tasas judiciales y sin la vinculación de estas al beneficio de justicia gratuita, con los recursos presupuestarios que tenemos aprobados en el presupuesto vigente, hubiese sido imposible poner en marcha la ley que hoy ha estudiado el Consejo de Ministros", ha añadido Ruiz Gallardón.

El ministro también ha aclarado que las disposiciones de este anteproyecto "serán de aplicación general a todo tipo de procesos judiciales, es decir se incluyen además de aquellos que se tramitan en la jurisdicción ordinaria, los recursos de amparo en Tribunal Constitucional y, esto es muy importante, el asesoramiento previo al inicio del proceso en algunos supuestos".

Texto del anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita (pdf)

Umbrales de acceso a la justicia gratuita propuestos en el anteproyecto (pdf)

Publicado o 14/01/2013 en www.lexdiario.com

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