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CCOO exige al Ministerio de Justicia la negociación inmediata de los aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afectan a las condiciones de trabajo


25 nov 2020

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Aprobado ayer en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal 

CCOO EXIGIMOS EL INICIO INMEDIATO DE LAS NEGOCIACIONES PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Y FISCALÍAS

El anteproyecto de ley contempla el traspaso de la investigación de los delitos desde los juzgados de instrucción a las fiscalías y el Ministerio de Justicia tiene que comprometerse con CCOO, y el resto de sindicatos representativos, a garantizar las retribuciones actuales por guardias de quién actualmente las percibe ni suponga el traslado forzoso de ningún/a trabajador/a

El Gobierno ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como aspecto que más puede afectar a nuestras condiciones de trabajo, asigna al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos que ahora tienen encomendada los juzgados de instrucción. Aun no se conoce el texto completo del anteproyecto pero las líneas fundamentales de su contenido pueden deducirse de la referencia del Consejo de Ministros (y de Ministras) celebrado ayer

Sin perjuicio de otras novedades que puedan contenerse en el texto de esta Ley, este nuevo modelo de proceso penal va a influir de forma muy significativa en el trabajo que desarrollamos en los Juzgados de Instrucción y en la Fiscalías y, por tanto, va a afectar a nuestras condiciones de trabajo. Fundamentalmente nos preocupa:

- Quién hará y, por tanto, cobrará las guardias. Sería intolerable para CCOO cualquier decisión unilateral que disminuya las retribuciones actuales 

- Cuáles serán las futuras plantillas de las fiscalías y de los juzgados de instrucción o mixtos. Para CCOO es igualmente inaceptable que se pudiera pretender la movilidad forzosa

POR ELLO, DESDE CCOO HEMOS SOLICITADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN

√ EN CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO QUE OBLIGA A NEGOCIAR LAS MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS QUE AFECTEN A LAS CONDICIONES DE TRABAJO

√ PARA GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y QUE NO HABRÁ PROCESOS DE MOVILIDAD FORZOSA NI PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO

NEGOCIACIÓN ¡¡YA!! DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

En otro orden de cosas, CCOO hacemos la siguiente valoración de esta medida:

1.- El traspaso de la investigación criminal al Ministerio Fiscal en el proceso penal no es una prioridad ante los gravísimos problemas que afectan a la Administración de Justicia. Para atender la sobrecarga de trabajo actual en multitud de órganos judiciales, fiscalías y servicios no jurisdiccionales lo urgente es

  • incrementar el número de oficinas y plantillas de todos los cuerpos funcionariales y categorías profesionales del personal laboral,
  • mejorar significativamente los sistemas informáticos de gestión y comunicación,
  • efectuar un verdadero plan de formación continua del personal, especialmente orientado a las nuevas tecnologías, y
  • profesionalización y especialización de los trabajadoras y las trabajadoras a través, junto a la formación profesional, de Ofertas de Empleo Público con todas las vacantes, de una verdadera carrera profesional y de la clarificación de las funciones de cada puesto de trabajo

2.- El Ministerio Fiscal no es una institución independiente en la actualidad: es el Gobierno quien nombra a su titular “a dedo”; éste, a su vez, nombra “a dedo” a los cargos de mayor responsabilidad de las fiscalías, y éstos, a su vez, también “a dedo” nombran a los puestos intermedios de dichas fiscalías. Y todo el personal de la carrera fiscal está obligado a actuar acatando las directrices de la Fiscalía General del Estado

El ministro Campo ha anunciado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal y, para garantizar la independencia de los y las fiscales en la investigación de los delitos respecto a los gobiernos de turno, es imprescindible modificar el sistema de nombramiento del/la Fiscal General del Estado y que no sea la discrecionalidad, sino el mérito y la capacidad, los que determinen los nombramientos en las jefaturas y puestos intermedios de las fiscalías. De lo contrario, este nuevo modelo de proceso penal estará abocado al más rotundo fracaso.





CCOO protesta contra la instauración de plazos máximos para la instrucción de los delitos


15 oct 2015

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NOTA DE PRENSA DE CCOO

CCOO critica que el Ministerio de Justicia haya puesto en marcha ésta y otras importantísimas modificaciones en la tramitación de los procedimientos judiciales, sin que ni el propio ministerio ni las comunidades autónomas con competencias en Justicia hayan previsto ni un solo curso de formación para los más de 55.000 trabajadores y trabajadoras de los juzgados que serán los encargados de llevar a cabo estas reformas.

El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO denuncia que las nuevas cargas de trabajo que soportarán los juzgados y tribunales españoles con las modificaciones legislativas aprobadas en esta última etapa de la legislatura, no se han visto acompañadas del necesario incremento de medios personales ni de la suficiente implantación y mejora de los medios tecnológicos.

A iniciativa del Ministerio de Justicia, el Partido Popular ha aprobado en las Cortes en solitario diversas leyes que contienen algunas reformas que, para CCOO, son inaceptables y que han pasado desapercibidas “entre este maremágnum legislativo al que nos tiene sometido el PP en el final de su mayoría absoluta”.

Además de la suspensión de la entrada en vigor del modificado art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que establece el plazo de seis meses para la instrucción penal) hasta que no se incrementen sustancialmente los medios personales y materiales en los juzgados, tribunales y fiscalías, CCOO entiende que debe ser inmediatamente derogado el artículo 87 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en vigor desde el pasado 1 de octubre.

En él se establece la posibilidad de que el Gobierno, por decreto, pueda ampliar la competencia territorial de determinados juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, lo que, en los casos en los que se aplique, va a provocar de forma directa el alejamiento del servicio público de la justicia de una gran cantidad de mujeres víctimas de esta lacra social; mujeres que tenían en su propio municipio o muy cerca de él el juzgado que debía atenderlas se encontrarán con una nueva traba, una más, en su lucha y en su derecho por defender su integridad física y moral.

Por último, CCOO rechaza rotundamente las modificaciones recientemente operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que otorgan a los procuradores tareas que, hasta ahora, estaban asignadas con exclusividad al personal funcionario de la Administración de Justicia, garantizándose así la imparcialidad.

Esta privatización encubierta del servicio público de la Administración de Justicia genera además una nueva desigualdad de la ciudadanía ante la justicia: solo quien disponga de medios económicos suficientes podrá “contratar” a un procurador que agilice la tramitación de sus asuntos, mientras que el resto de la ciudadanía, si carece de medios, verá sus asuntos postergados, pues el Gobierno, en vez de dotar de medios a la Administración de Justicia, privatiza servicios impidiendo el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.




Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: llega la "agilización procesal"


13 mar 2015

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En el consejo de ministros de hoy ha aprobado, entre otras normas:

Según las explicaciones dadas en la rueda de prensa por el Ministro de Justicia, y que constan en la web de la Moncloa:
  • Agiliza la justicia penal, fortalece las garantías procesales y amplia el decomiso
  • Dos Proyectos de Ley, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria, adaptan esta norma dictada en 1882 a la realidad actual
  • La instrucción tendrá un plazo máximo de seis meses o de 18 cuando la investigación sea compleja
  • El término "imputado" se sustituye por "investigado" en la fase de instrucción y por "encausado" tras el auto formal de acusación
  • Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional por una Sala de Apelación propia
  • Permite que los penados por sentencias españolas que resulten absueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos soliciten la revisión de sus sentencias
  • Regula un proceso de decomiso autónomo que permite actuar contra todo el patrimonio de un penado


Estas modificaciones de la LECr, incluyen, entre otras, lo que llama el Gobierno, "agilización procesal", que pretende, según el Ministerio de Justicia en su información del Consejo de Ministros literal, que "la instrucción tendrá un plazo máximo de seis meses o de 18 cuando la investigación sea compleja."

Si el Gobierno no incrementa las plantillas de los órganos judiciales no solo no podrá alcanzar ningún objetivo de los que dice, sino que además convertirá muchos Juzgados y Tribunales en lugares en los que la situación será imposible por el volumen de trabajo y la necesidad, a la vez, de acortar enormemente los plazos de instrucción, sin plantillas suficientes.

CCOO advierte desde ahora al Gobierno que negocie de inmediato con los trabajadores/as las consecuencias de lo establecido en la modificación de la LECr y que asuma que debe proceder al incremento de las plantillas de todos los órganos afectados de su ámbito, y, en el caso de las CCAA con competencias, éstas deben hacer lo mismo en el suyo.






CCOO combatirá la pretensión de Catalá de mantener la privatización de los actos de comunicación


9 dic 2014

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  • CCOO reprocha al Ministerio de Justicia que convoque una reunión del Grupo de Trabajo para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sin presentar ningún texto con sus propuestas

CCOO DENUNCIA QUE NO SE NEGOCIE EN LA MESA SECTORIAL LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL YA QUE LOS PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA LA INSTRUCCIÓN PENAL INCIDIRÁN NEGATIVAMENTE EN NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO SI NO SE DOTA DE MÁS MEDIOS A LOS JUZGADOS

El Ministerio de Justicia impulsa una reforma de la LOPJ que CCOO rechaza, porque contiene pasos atrás en nuestras condiciones laborales y un avance en el desmantelamiento del servicio público de la justicia, al incluir, entre otras medidas, la privatización en favor de los Procuradores de los actos de comunicación y ejecución.


El Ministerio de Justicia ha informado en la reunión mantenida hoy para la constitución del Grupo de Trabajo sobre la reforma de la LOPJ de las principales novedades que se contendrán en la misma, que, en relación con los Libros 1º a 4º, afectará a cuestiones jurisdiccionales y de gobierno de los jueces, y que presentará una propuesta para que los órganos judiciales con menos cargas de trabajo puedan tramitar asuntos de juzgados geográficamente cercanos que estén más sobrecargados. El Ministerio anuncia que está teniendo dificultades en este sentido para encontrar un sistema de reparto que sea compatible con el derecho al juez natural establecido en la Constitución, y por lo manifestado en la reunión, desconocen qué tipo de modelo de reparto podría llevarse a cabo.

CCOO ha reivindicado que, además, ha de tenerse en cuenta que este nuevo reparto del trabajo en ningún caso debe suponer una carga añadida de trabajo a órganos judiciales con un volumen normal de asuntos ya que, en determinados territorios, la inmensa mayoría de los juzgados están trabajando por encima de los módulos de trabajo establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta particularidad obliga, a juicio de CCOO, a dar intervención a los sindicatos mediante la negociación colectiva en las medidas que se adopten y así se lo hemos exigido al Ministerio.

En relación con los libros 5º y 6º de la LOPJ que regulan las condiciones de trabajo de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, el director general ha anunciado, sin entregar ninguna propuesta concreta, que mantendrá entre sus contenidos:

La privatización de los actos de comunicación y ejecución en favor de los Procuradores, a lo que CCOO, con el único apoyo de los sindicatos ELA y CIG, hemos manifestado nuestra más rotunda oposición. Es muy grave que el resto de sindicatos prefieran mirar para otro lado, cuando se pretende por el gobierno avanzar en el desmantelamiento de la Administración de  Justicia.

CCOO reafirma su posición de que debe avanzarse en una reforma de la LOPJ que garantice el empleo, todas las retribuciones y por todos los conceptos, la convocatoria de OEP con todas las plazas vacantes, así como la imposibilidad de imponer planes unilaterales de ordenación de recursos humanos o la movilidad forzosa, geográfica o funcional, junto con las más de 100 propuestas que hicimos al Ministerio y de las que hemos venido informando.

El Ministerio ha anunciado que nos entregará el proyecto de reforma de la LOPJ en diez o quince días, simultáneamente a su aprobación por el consejo de ministros (no será así si cumple con su previsión de aprobar el anteproyecto la próxima semana), y que la negociación se prolongará durante toda su tramitación parlamentaria.

 REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

En otro orden de cosas, y ante la aprobación por el Consejo de Ministros de la reforma de la LECriminal, CCOO ha exigido la dotación de más plantillas y de más medios materiales, suficientes para atender la nueva regulación propuesta de plazos máximos para la instrucción de los delitos, pues, en caso contrario, será imposible llevar a la práctica la reforma, por lo que CCOO denuncia que ésta se quedará solo en una simple cuestión de maquillaje que valdrá para lavar la cara de este Gobierno acosado, como está, por tantos casos de corrupción a lo largo de toda España.




El gobierno aprueba el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (consejo de ministros del 5 de diciembre de 2012)


6 dic 2014

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En el texto, existen al menos varias cuestiones profundamente peligrosas que afectarán al Estado de Derecho y a las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

No es de recibo la fijación de unos plazos concretos de seis meses para la instrucción, en los que llama el gobierno procedimientos sencillos, mientras que para los llamados complejos por el ministro de Justicia,el plazo que fija el anteproyecto será de dieciocho meses.

Es como mínimo absolutamente tendencioso esta fijación de plazos, salvo lo que se pretenda es que muchos de los procedimientos en los que estén afectados, como en la actualidad, personas que han ocupado u ocupan puestos de responsabilidad política o en grandes grupos financieros, sean sobreseídos, por lo que las palabras del gobierno anunciando que  reforzarán con todas las medidas necesarias su lucha contra la corrupción, de la que es como mínimo cómplice, son de una tremenda hipocresía.

Porque la fijación de esos plazos tasados tan cortos va contra la correcta investigación de los hechos, puede poner en riesgo los resultados de las actuaciones judiciales, además de no tener en cuenta que la aceleración forzada para la finalización de la instrucción de los procedimientos, exige no solo un incremento de la plantilla de Jueces sino la del personal de la Administración de Justicia, porque esta aceleración va a comportar un incremento sustancial de la carga de trabajo en los Juzgados y Tribunales. Y advertimos al ministro de Justicia, que exigiremos un incremento sustancial de las plantillas si pretende llevar a cabo la aprobación de este anteproyecto.



2.- El gobierno también ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Si bien, se rebajan ligeramente las retenciones de las rentas de trabajo de los millones de personas que perciben retribuciones inferiores a 30.000 euros, esta rebaja no alcanza ni de lejos los incrementos en el impuesto sobre la renta que el gobierno ha venido realizando en esta legislatura desde 2012, por lo que en términos absolutos, los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena con esos salarios, seguiremos pagando impuestos más altos que cuando comenzó esta legislatura.

Sin embargo, las rebajas fiscales para rentas más altas, la reforma rebaja los impuestos sobre la renta de forma muy considerable, por lo que sí se verán beneficiadas de largo sobre las rentas más bajas de los trabajadores/as, pues en esos casos, la rebaja fiscal es considerable.






Jueces y fiscales piden acotar las impugnaciones durante la instrucción


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Publicado en www.elpais.com



El ministro de justicia, Rafael Catalá, ha convocado para este viernes a las asociaciones de jueces para informarles de las líneas básicas del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé aprobar el Consejo de Ministros. A falta de que se conozcan los detalles del texto que ha preparado el Gobierno, jueces y fiscales discrepan sobre la limitación a seis o 18 meses de los plazos de instrucción. Las cuatro asociaciones consultadas coinciden en que el plazo de seis meses que plantea el Gobierno es prácticamente “imposible” de cumplir si no se acompaña de un incremento de medios materiales y humanos y de reformas procesales, entre ellas, acotar las opciones de recursos para impedir que las partes impugnen cada resolución judicial.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)considera positiva la medida siempre y cuando se acompañe de un cambio en el sistema de recursos que impida que las partes impugnen cada resolución adoptada por el juez. La asociación Jueces para la Democracia comparte que, con el mecanismo actual de recursos, en la mayoría de los casos es “imposible” cumplir con el plazo de seis meses, pero este límite tampoco podrá cumplirse, asegura esta asociación, si el Gobierno no soluciona la falta de medios materiales y humanos que sufre los juzgados.
“La limitación del plazo de instrucción da a entender que los procedimientos se demoran por una actuación negligente del juez, al que se pretende poner límite. Cuando la realidad es que las causas se alargan porque no hay medios suficientes”, advierte Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que agrupa a 558 jueces progresistas. Bosch teme que el Gobierno de Mariano Rajoy pretenda descargar en los jueces la culpa de la demora actual de las investigaciones judiciales a pesar de que en la mayoría de los casos se alargan porque se topan con obstáculos que, en la mayoría de los caos, tienen que ver con la falta de recursos. “En la investigación de un delito contra la libertad sexual, por ejemplo, puedes tardar un año en obtener un informe de ADN; una pericial caligráfica, puede demorarse ocho meses”, advierte Bosch.
Además de medios, los jueces progresistas piden que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal incluya una reforma procesal que limite las opciones de recursos, que, actualmente son una de las causas habituales de retrasos en las investigaciones. “Lo importante no es que la ley establezca plazos, lo importante es que se puedan cumplir”, insiste Bosch. “No se puede hablar de dejadez. Si hay cientos de imputados por corrupción es porque hay cientos de jueces que los están investigando con falta de medios y muchas dificultades”, sostiene el portavoz de Jueces para la Democracia, que advierte, además, de que la imposición de plazos “imposibles” de cumplir puede llevar a que se produzcan archivos y “cierres en falso” de las causas penales.
Sobre esta posibilidad de que los jueces se vean obligados a sobreseer casos si no pueden terminar la investigación en el plazo marcado alerta también Pablo Llarena, portavoz y presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que agrupa a alrededor de 1.400 jueces. Llarena considera que la limitación temporal de las investigaciones es una buena noticia tanto para los propios jueces como para los ciudadanos, pero coincide en que debe acompañarse de otras reformas que posibiliten cumplir con los plazos. La principal, un cambio en el sistema de recursos que, recuerda, ya estaba previsto tanto en el primer borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal redactado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como en el proyecto que preparó el Gobierno de Zapatero con Francisco Caamaño como ministro de Justicia.
Pero Llarena sí que cree que el sistema judicial está preparado para cumplir con ese límite de seis meses en los casos más habituales en los juzgados, como los delitos de tráfico de drogas, lesiones o tráfico. Si los plazos se alargan en exceso es en parte, según el portavoz de los jueces conservadores, porque no hay un límite que “apremie” a los instructores. Según Llarena, la imposición de plazos va a obligar no solo a los jueces, sino también a los fiscales, la policía y los peritos, a “agilizar” su forma de trabajar. “Cuando existe la obligación de cumplir con un plazo, la organización de la oficina se construye desde ese parámetro”, afirma el presidente de la APM, que demanda que en los primeros años de la aplicación de la ley haya “especial atención” a cómo se adapta la Administración de Justicia a esa limitación temporal de las investigaciones.
La conservadora Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales coinciden en que la imposición de plazos solo es viable si va acompañada de incremento de medios y de cambios en las normas procesales. “Es extraño que se impongan plazos antes de dotar de más medios a la justicia, como si las demoras fueran algo voluntario”, lamenta Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. El artículo 324 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda García, ya obliga a los secretarios judiciales a explicar por qué un sumario sigue abierto pasado el primer mes de instrucción, pero solo una minoría de casos se cierra en ese plazo.