Qué están haciendo en España con la Jurisdicción Universal

1. Qué es la Jurisdicción Universal (divulgada como “Justicia Universal”)

Jurisdicción Universal (en adelante JU) es una jurisdicción penal solo sustentada en la naturaleza del delito, prescindiendo del lugar en que se haya cometido, de la nacionalidad del autor, de la nacionalidad de la víctima, o todo otro nexo con el Estado que ejerza la JU.

La JU puede ser ejercida por un órgano judicial competente y ordinario de un Estado a fin de enjuiciar a una persona debidamente acusada de comisión de delitos graves de derecho internacional. Estos son principalmente: 1) la piratería; 2) la esclavitud; 3) los crímenes de guerra; 4) los crímenes contra la paz; 5) los crímenes de lesa humanidad; 6) el genocidio; 7) la tortura. Son “crímenes internacionales” cuya comisión ofende a la humanidad en su conjunto. Si no son penalizados en el lugar de su comisión (porque allí exista una situación de impunidad, cosa por desgracia frecuente en ciertos regímenes), cualquier país comprometido con el castigo de tales delitos puede y debe enjuiciarlos, previa orden de detención del delincuente (normalmente vía Interpol).,

Quien otorga vigencia a la JU ejercida por de tribunales nacionales no es el derecho interno del país, sino el Derecho Internacional, que en Estados que han ratificado sus correspondientes tratados posee una primacíasobre el nacional. En todo caso, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un Estado “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

¿Dónde reside el problema?: en que cuando un Estado (ejs: USA, Israel, China) por su poder económico, o su talante político imperial o imperialista considera que el presunto criminal debe permanecer impune, tal Estado dominador amenaza con represalias de todo tipo al Estado donde se emprende la persecución del delincuente. Entonces este que podemos llamar inferior en poder, aunque sea superior en derecho (ejs: Bélgica, España), suele someterse al chantaje imperial del más fuerte y bloquea la acción de sus propios tribunales para que en un caso dado no ejerzan la JU.

2. ¿Cómo se va aplicando el freno de mano a la JU?

Primero: un aparato judicial nacionalista, que no le guste el Derecho Internacional (y menos el “de los derechos humanos”), rechace las órdenes de detención de criminales e imponga la inadmisión de los procesamiento. Pero el Tribunal Constitucional español en una histórica sentencia (STC 237/2005) puso en su sitio a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, dando la razón a la minoría de 7 magistrados del segundo en relación con el juicio a los responsables del genocidio de los indios mayas en Guatemala. Los principios de la Jurisdicción Universal absoluta quedaron allí enérgicamente afirmados.

Segundo: cambio legal nacional. Fracasada la resistencia del aparato judicial, aparece un nuevo camino hispánico para frenar la jurisdicción universal. Se trata de crearle problemas en la legislación nacional (diga lo que diga la Convención de Viena). Así comenzó el Gobierno PSOE pactando con el PP la Ley Orgánica 1/2009, donde colaron un cambio de artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reglamentaba el ejercicio de la JU. En adelante se exigiría que entre las víctimas hubiera españoles y que el caso no fuera objeto de un juicio en el lugar de la comisión del crimen. Se trataba del caso Gaza (14 asesinados en 2002) que Israel súbitamente decidía “enjuiciar”, aparte de haber estado amenazando a España con represalias económicas, por ejemplo en el uso de patentes farmacéuticas. Se trataba asimismo del caso Couso, que el Imperio yankee no podía tolerar, presionando a las autoridades españolas hasta extremos avergonzantes, que el Sr. Assange y su Wikileaks revelaron claramente.

Tercero: más condiciones, ya imposibles: El PP de la mayoría absoluta, inventa un procedimiento que le ahorra la sumisión a los dictámenes de los Consejos de Estado y General del Poder Judicial, vuelve con un nuevo giro de tuerca sobre el mismo artículo de la Ley del Poder Judicial. Esta vez se imponen tales condiciones para abrir un caso de JU, que se hace prácticamente imposible cualquier acción, La víctima tiene que ser española, pero el criminal, entre otras condiciones que ahora ahorramos, si es español tiene que residir en España, y si es extranjero, salvo un par de casos en que esté en España, tiene que residir aquí también. De esta manera la pretendida “reforma” facilita intereses de bandas y mafias internacionales (de trata de personas, tráfico de estupefacientes, de armas, etc.) renunciando a combatir a sus promotores y autores principales allá donde se encuentran, y atando las manos de la Justicia española al mero control policial y al procesamiento judicial de sus cómplices en España y de las personas o mercancías que el crimen organizado introduce ilegalmente en nuestro país.

Cuarto: eliminar las acusaciones populares. Eran casi siempre diversas ONG, preocupadas por la justicia internacional. Ejercían la llamada “acusación popular” amparada por el art. 125 de la Constitución. Este dicen ellos que no se aplicará en JU. Así que nada de perseguir a criminales internacionales impunes sin que la fiscalía asuma la acusación. Como la fiscalía depende del Gobierno, este no tiene el menor interés en malquistarse con cualquier pobre diablo opresor en el último rincón del mundo. Y si no es pobre diablo, sino gobernante totalitario, con disposición de buenas materias primas (ojo al petróleo), o capacidad de compra, o incluso si es gobernante democrático que ampara o comete corrupciones nefastas, entonces hay un particular interés en no molestarle. La batalla de fondo es del derecho contra los intereses. ¿Y a quién le interesa tanto derecho? ¡Hay que ser un poco pragmáticos, hombre!

Quinto: una esperanza. El PP tomando a otros por idiotas, cuando se oponen a esta ley de imposible aplicación, les dice: “¡Pero si hemos ampliado la Justicia Universal!”. Solo formalmente es verdad. La tradicional lista de crímenes se amplía. Baste recordar el último apartado sobre los delitos perseguibles: “Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos“.

Salvada la incorrección lingüística (signo de lo poco que importa al redactor esta teórica ampliación de lo inviable), la proposición regala esa cínica apoteosis final del vigor del Derecho Internacional, ese que propone aplicar solo en condiciones imposibles. Pues bien, como esta ley deberá caer en cuanto la actual mayoría absoluta pase a peor vida, quienes la cambien difícilmente se atreverán a excluir el cumplimiento de cualquier “Tratado vigente para España”. Y por poco que aflojen este casi hermético tapón de condiciones impuestas podrá darse el caso de que la JU reciba al menos una bocanada de oxígeno en el futuro de este atribulado país. Esa es la esperanza: lo último que se pierde.

Por Luis Acebal

Publicado o 19/02/2014 en www.periodismohumano.com

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Doce razones para no privatizar el registro civil

La reforma que plantea Gallardón pone en pie de guerra a los trabajadores de los registros

La decisión del Ministerio de Justicia de aprobar una reforma de ley por la que se entregará a los registradores de la propiedad el control y la administración de los registros civiles ha puesto en pie de guerra a los funcionarios de ese servicio. Los sindicatos denuncian que la privatización encubierta propuesta por Gallardón implicaría que aquellos trabajadores que tengan la plaza en propiedad tendrían que pasar a otro servicio y los que no la tengan perderían el trabajo.

Los sindicatos advierten de que el traspaso de la gestión del servicio a los registradores traería como consecuencia que los trámites dejarían de ser gratuitos para los ciudadanos, un extremo que ha sido negado insistentemente por el Ministerio. A este respecto, el Colegio General de la Abogacía Española asegura que aunque los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo gratis, habrá que pagar por las bodas, que oficiarán notarios. En cuanto a trámites como la firma de poderes o un testamento, los costes podrían multiplicarse por cuatro.

Los trabajadores han expresado sus ideas a través de una docena de interrogantes que son a la vez argumentos muy contundentes y con los que se quiere llamar la atención a la ciudadanía. Son los siguientes.

1-- ¿Sabía que el Registro Civil es un Registro público y gratuito desde su creación en el año 1870?

2-- ¿Sabía que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quiere privatizarlo y que sean los Registradores de la Propiedad los que lleven el Registro Civil?

3--¿Sabía que, si sucede tal cosa, habría que pagar como mínimo entre 20 y 30 euros por las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción…?

4--¿Sabía que las aplicaciones informáticas del Registro Civil costaron a todos los españoles unos 130 millones de euros, y que se pondrán gratuitamente a disposición de los Registradores de la Propiedad?

5--¿Sabía que el Presidente del Gobierno, dos de sus hermanos y la nuera de Gallardón son Registradores de la Propiedad?

6--¿Sabía que el lobby registral de los hermanos Rajoy ya había reclamado al anterior Gobierno la entrega de la llevanza del Registro Civil de forma que ese servicio público pasara a ser otro negocio privado de explotación comercial de los registradores de la propiedad?

7--¿Sabía que el número de Registradores de la Propiedad de toda España no llega a 800?

8--¿Sabía que los Registradores de la Propiedad prestan un servicio público en régimen de monopolio y perciben sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos?

9--¿Sabía que el beneficio industrial de los registradores en cada uno de sus registros es del 60% y que con la asunción del Registro Civil, las ganancias estimadas a repartir entre 800 registradores de la propiedad se acercaría a los 180 millones de euros más al año?

10--¿Sabía que esos 180 millones los pagaríamos los ciudadanos en forma de arancel registral?

11--¿Sabía que en toda Europa los registradores son asalariados del Estado?

12--¿Sabía que la legislación hipotecaria que aprobó el propio Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de Aznar, legitimó la posibilidad de que un diputado o un ministro pueda seguir siendo titular del Registro de la Propiedad teniendo a un compañero que le “lleva” el Registro mientras él está en la política?

Publicado o 13/02/2014 en www.asturias24.es

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El Gobierno aprobará en un mes la reforma que transformará la justicia en España

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en la convención nacional del PP que antes de 30 días el Gobierno aprobará el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que supondrá una gran transformación de la Justicia e impulsará el criterio de especialización de los jueces.

"Lo que quiero es que esa misma eficiencia que tenemos para cobrar impuestos a los ciudadanos, la tengamos también para darles a los ciudadanos la Justicia que están reclamando", ha afirmado Gallardón en uno de los foros de debate de la convención del PP sobre "la reforma de la Justicia".

Según el ministro, después de dos años de trabajo, antes de 30 días se aprobará esa reforma de la LOPJ que apostará por el criterio de especialización y por la puesta en marcha definitiva de la Oficina Judicial y el expediente judicial electrónico.

Publicado o 01/02/2014 en www.eleconomista.com

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La resaca del ‘tasazo’

Sabor a tango era su sueño. Ida Bárbara (72 años) y Edgardo Moradas (66) invirtieron los ahorros de toda una vida, 1.300.000 euros, en crear un restaurante que llevara lo mejor de la gastronomía argentina —la del bifé de chorizo y los asaditos— en el municipio sevillano de Espartinas. Pero ese sueño se esfumó a la vez que un transformador de una parcela vecina. Sabor a tango se quedó sin luz. Diez meses.

MÁS INFORMACIÓN

• Abogados y Justicia también discuten los ingresos del ‘tasazo’
• La Audiencia Nacional ve inconstitucional la ley de tasas
• El PSOE recurre también la suavizada ley de tasas judiciales de Gallardón
• Las tasas disuaden de ir a la justicia al 70% de clientes de abogados
• La Justicia afronta su mayor malestar

De pronto, este matrimonio de argentinos, que lleva 40 años en España, lo perdió todo. Pasaron de ganar 6.600 al mes a cobrar, entre los dos, 800 euros de pensión mínima. Yaunque cumplían con el requisito económico, al gestionar su restaurante como una sociedad limitada no podían solicitar la justicia gratuita. Perdieron a sus clientes, a sus trabajadores, al comprador que pensaba adquirir el restaurante por 300.000 euros y la parcela en la que se asentaba por 900.000 euros. Y, finalmente, su local y terreno, que han sido reclamados por el banco al no poder pagar los 3.000 euros mensuales de hipoteca que antes podían asumir sin apuros. Al acudir a la justicia, para reclamar 400.000 euros a la eléctrica, se toparon con 2.225 euros de tasas. "Solo hemos podido seguir adelante porque nuestro abogado y procurador las han pagado por nosotros. Le debemos a la caridad de estos profesionales el poder demandar. La ley de tasas es una injusticia más de todas las que está cometiendo el ministerio del señor Gallardón".

Si el caso de Ida y Edgardo es una gota en un océano o una casualidad de laboratorio es lo que discuten Gobierno y profesionales de la justicia. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, afirma que "es la crisis la que ha provocado el descenso de la litigiosidad, no las tasas". Según Bravo, la medida, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2012 y fue modificada con el decreto-ley del 22 de febrero de 2013, no ha variado la tendencia a la baja en el número de juicios. "Si dicen que las tasas afectan tanto, que lo demuestren con números", remata bravo. 

El tasazo grava el acceso de los ciudadanos a los tribunales con dos cuantías: una fija, que depende del tipo de pleito, y otra variable, el 0,1% de lo que cuesta el juicio —un concepto que suele coincidir con el dinero que se reclama y al que se le aplica un valor de 18.000 euros cuando la cuantía es indeterminada— hasta un máximo de 2.000 euros.

"Crowfunding" contra el tasazo

El activismo por crowfunding. A eso se ha visto obligada Ecologistas en Acción para poder pagar las tasas de 1200 euros de su recurso contra la ampliación del Bernabéu, una operación de 66,6 millones de euros para construir un hotel de lujo y un aparcamiento en la Castellana. Para Jaime Doreste, abogado de 33 años y coordinador del Área de Defensa Jurídica de esta asociación, el tasazo es la puntilla a una reforma legal en la justicia destinada a dificultar que las ONG puedan demandar: "El impacto ha sido muy negativo. Ya con Zapatero, tuvimos la ley que obligaba a pagar a asociaciones. Y ahora, con las tasas de Gallardón, nos vemos obligados a echarle imaginación para poder demandar".

Doreste avisa que desde Ecologistas en Acción ya preparan una demanda a la ONU contra el tasazo por incumplimiento del Convenio de Aarhus, suscrito por cuarenta países y la Comunidad Europea. Dicho convenio recoje el derecho a la justicia para la defensa y vigilancia del buen estado del medio ambiente. Esta ONG considera que las tasas vulneran este derecho. "Desde 2005 ha entrado en vigor en nuestro país", afirma Oreste. "Y claramente lo estamos incumpliendo. Se están poniendo todas las trabas para que no podamos reclamar".

En el caso de personas jurídicas —empresas, asociaciones, ONG— el variable sube hasta un 0,5% con un máximo de 10.000 euros. Y en ningún caso se tiene en cuenta el nivel económico del demandante, lo que quiere decir que una pyme, un pequeño comercio o un restaurante, como el de Ida y Edgardo, pagan lo mismo que una gran empresa o un banco, como denuncia la letrada Verónica del Carpio, una de las más activas contra las tasas a través de su blog, El bosque y los árboles.

Los datos de cuántos ciudadanos han dejado de acudir a la justicia desde que entró en vigor este tasazo aún se desconocen. Pero el Gobierno ha admitido que casi uno de cada cuatro ciudadanos (el 23%) que litigaba contra la Administración ha dejado de hacerlo. Un estudio del Colegio de Abogados de Barcelona afirma que el 70% de sus clientes ha dejado de acudir a juicio por las tasas. El Colegio de Abogados de Valencia cifra el descenso en el 30%.En el caso de personas jurídicas —empresas, asociaciones, ONG— el variable sube hasta un 0,5% con un máximo de 10.000 euros. Y en ningún caso se tiene en cuenta el nivel económico del demandante, lo que quiere decir que una pyme, un pequeño comercio o un restaurante, como el de Ida y Edgardo, pagan lo mismo que una gran empresa o un banco, como denuncia la letrada Verónica del Carpio, una de las más activas contra las tasas a través de su blog, El bosque y los árboles.

Por qué se ha implantado la ley es una de las cuestiones de la controversia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el copago jurídico fundamentándose en dos pilares: mejorar con lo recaudado la justicia gratuita y eliminar la “excesiva litigiosidad” de España, escudándose en los más de nueve millones de asuntos en 2012 que acredita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que engloba a los 83 colegios de letrados de España, y Justicia para Todos — compuesta por el CGAE, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y el CSIF— criticaron el primer argumento desde dos frentes. Por un lado, diciendo que lo recaudado, según datos contenidos en el Informe Mensual de Recaudación Tributaria, estaba muy lejos de los 306 millones que pretendía lograr Gallardón. En el informe aparece un concepto, tasas judiciales, cuyo valor ha cambiado desde cuatro millones, a 31 de enero de 2013, hasta 117, a 31 de octubre del mismo año. Estas cantidades, de tomarse como la recaudación total del tasazo, supondrían una media de 15 millones al mes, poco más de la media necesaria para alcanzar los 306.

La clase media es la que más sufre las tasas″

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia

El Ministerio de Justicia, sin embargo, cifra lo recaudado en torno a los 316,5 millones, según datos de Hacienda. La Agencia Tributaria, encargada de la recaudación, ha asegurado a este periódico que dicha cantidad es la estimación de lo recaudado por las nuevas tasas, a las que habría que sumarle lo que se ingresó en 2012 por las antiguas tasas, implantadas en la etapa Zapatero por la ley 53/2002que gravaba a las personas jurídicas. De ahí se obtiene una estimación que daría esos 316,5 millones. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, ha cargado contra Carlos Carnicer, por haber dado repetidamente la cifra equivocada. "Lo que no se puede hacer es declaraciones como las de Carlos Carnicer, diciendo que la recaudación era de 100 millones. Uno no puede hablar de datos, y menos si es presidente del Consejo General de Abogacía, sin tenerlos controlados".

La otra crítica apunta no al cuánto sino al qué se va a hacer con este dinero. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia (JPD), recuerda que no se ha especificado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 a qué se destinará esta partida. De hecho, los PGE prevén un nuevo recorte del 2,73% en Justicia. “Lo que habría que preguntarle a Gallardón y a la vicepresidenta Soraya [Sáenz de Santamaría] es dónde ha ido ese dinero. Porque supuestamente era para financiar la justicia gratuita, y esa mejora no figura en ninguna parte en los presupuestos del próximo año”. Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, asociación profesional en activo desde 1985, considera que el fin recaudatorio era secundario y que lo principal para Justicia era “conseguir bajar el número de juicios”. Juan Bravo ha explicado a este periódico que "nunca se prometió repartir el total, sino financiar lo que se gastara a mayores por la reforma de la ley de justicia gratuita".

Cambiar la extra por Justicia

La extra como única esperanza para reclamar en un juicio. Esa es la situación en la que se encuentra Purificación, seudónimo de una enfermera sevillana de 50 años que está esperando al incierto pago de la extra navideña (la del 2012 fue recortada por el Ministerio de Sanidad) para poder pleitear contra Citybank. El motivo de su denuncia: el supuesto cobro "usurero" de los intereses de un contrato que ya había sido rescindido ante notario.

Pero antes de llegar a los tribunales, Purificación tiene que pagar 480 euros de tasas, una cifra inalcanzable para su economía. "Mantengo a mi madre [82 años] y mi sobrino [28 años y parado] con 1300 euros de sueldo y los 400 de la pensión de mi madre. Tengo hipoteca, seguros del coche... No consigo ahorrar absolutamente nada y ya he recortado todo mi ocio y cualquier capricho. Hasta he pensado en vender el coche, pero es viejo y apenas nos darán nada por él".

En cuanto al segundo argumento de la reforma, aliviar el exceso de juicios en los tribunales, el Consejo General de Abogacía afirma que el número de procesos que maneja el ministerio es incorrecto. Un informe elaborado por este organismo concluye que la cifra real de litigios en España es menos de la cuarta parte de lo indicado por el Poder Judicial. La abogacía afirma que en España ha habido 1.833.608 procesos en 2012, un 80% menos de los anotados por Justicia. La razón de la enorme discrepancia, según la asociación nacional de letrados, es la “incorrecta” inclusión por parte del CGPJ de múltiples litigios en los que la actividad jurisdiccional fue “nula o casi nula”.

Ida Bárbara, una de las afectadas por las tasas en su antiguo restaurante Sabor a Tango. / ARCHIVO PERSONAL

La condena del tasazo continúa invariable por la mayoría de los profesionales del Derecho. Carlos Carnicer, presidente del CGAE, que engloba a los 83 colegios de letrados del país, se expresaba en términos muy duros un día antes de que se cumpliera el primer cumpleaños deltasazo, el 20 de noviembre de 2013. Carnicer ejemplificó la injusticia de esta ley recordando que ahora los funcionarios tienen que pagar por denunciar a la Administración para la que trabajan, exenta de cualquier tipo de tasa: “La justicia es hoy casi inaccesible para los empleados públicos, que tienen que renunciar a exigir sus derechos a una Administración que no paga tasas”. El Sisej, sindicato de secretarios judiciales, afirma a través de su portavoz, Rafael Lafuente, que la ley “no puede ser más negativa” y que supone la “muerte silenciosa” del derecho a la justicia.

La lucha contra esta indefensión ha sido liderada por los profesionales del sector. Jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales han dado una respuesta casi unánime a través de huelgas, numerosas manifestaciones y constantes exigencias para que se ponga fin altasazo. “La clase media es quien más está sufriendo”, asevera Bosch, portavoz de JPD, la segunda asociación de magistrados a nivel nacional. “Los peores pronósticos se han cumplido. Se han quedado fuera de la justicia decenas de miles de personas. Es como si en Sanidad dijéramos que para aliviar el abarrotamiento de los hospitales deberíamos prohibirle la entrada a algunos de los enfermos”. Bosch considera también que las clases altas y las empresas más poderosas se han beneficiado, “porque en caso de juicio ellas no tienen problemas con las tasas, y ahora se litiga menos contra ellas”.

El Constitucional acepta a trámite los cinco recursos contra la ley de tasas, uno de ellos de Aragón (PP)

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo de jueces mayoritario y conservador, discrepa del rechazo a la ley. "Creemos que las tasas eran necesarias, ya que hay gente que litiga y recurre solo porque sabe que los costes del proceso los pagamos todos los ciudadanos. Y esta actitud es la que nos ha llevado al colapso de la justicia", afirma Pablo Llarena Conde, presidente de esta organización. "Lo que nos hubiera gustado es que estas tasas no se pagaran de entrada, sino de salida. Y solo en aquellos casos en que el litigante perdiera el juicio, con la posibilidad de que el magistrado pudiera eximirle del pago siempre que considerara que su demanda estaba bien fundamentada jurídicamente".

Para buena parte de las asociaciones de profesionales, la esperanza es que el Tribunal Constitucional (TC) tumbe la ley, y la justicia vuelva a ser un derecho universal para la ciudadanía española. El TC ya ha admitido a trámite los cinco recursos presentados por el PSOE, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y los Gobiernos de Canarias y Aragón, este último gobernado por el PP. El espejo europeo rema a favor de poner punto final al tasazo, ya que el Gobierno francés de François Hollande ha anulado las tasas que instauró en 2011 por "penalizar y restringir el acceso a la justicia a los más vulnerables".

Independencia política de los jueces

RANKING MUNDIAL (2013)

País	Puesto
Alemania	7º
Suecia	9º
Reino Unido	11º
Francia	37º
España	60º
Portugal	67º
Italia	68º

FUENTE: Comisión Europea de Eficiencia de la Justicia

Rafael Lafuente, portavoz del sindicato mayoritario de secretarios judiciales, confía en que el Constitucional siga el mismo ejemplo: "Estamos convencidos de que es una ley claramente inconstitucional. Y bien el Constitucional o nosotros, los ciudadanos, conseguiremos que se anule". Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados de Valencia, no ve las cosas tan claras: "El problema es el daño que hagan las tasas mientras tanto. Yo también quiero confiar en que el TC la tumbará, pero mi sensación es que vivimos en un país el que los derechos y garantías de los ciudadanos han retrocedido absolutamente".

Publicado o 28/01/2014 en www.elpais.com

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De cómo premia Gallardón la voluntad de jueces y fiscales

Las necesidades del Ministerio Fiscal no están en el Supremo, ni en el Constitucional, ni en las Fiscalías Especiales (auténticos camelos inoperantes), sino en las Audiencias Provinciales, Fiscalías de Área y Secciones Territoriales; “trincheras” donde miles de jueces y fiscales tratan a diario de hacer cumplir la ley, llevándose trabajo a casa, con escasos medios y ningún protagonismo mediático.

Definitivamente, Alberto Ruiz-Gallardón es el Atila dispuesto a reducir a cenizas los restos de la maltratada Justicia española. Con la gran parte de la carrera judicial en contra, el actual titular del departamento ha decidido comprar con dinero público la voluntad o el silencio de quienes, en el Tribunal Supremo (TS) y en las Fiscalías Especiales, forman la elite de jueces y fiscales. Si no es la definitiva rendición del poder Judicial al Ejecutivo, lo parece. Al grano: con la firma del secretario de Estado Fernando Román, el Ministerio de Justicia aprobó a mediados del diciembre pasado un borrador de Decreto Ley por el que se regulan las sustituciones de la carrera fiscal, del que hasta ahora nadie se ha hecho eco. El punto culminante del proyecto es el que se refiere a los denominados Fiscales Eméritos, aquellos fiscales del Supremo a punto de cumplir la edad de jubilación, establecida en los 70 años, que a partir de ahora podrán reengancharse a voluntad hasta los 75, con un sueldo neto de 6.000 euros al mes a cargo del contribuyente, secretaria particular y trabajo cero o próximo a cero. El señor ministro quiere que la elite fiscal coma de su mano, a cambio de pasar por las horcas caudinas de espectáculos como el protagonizado por la Fiscalía con la infanta Cristina de Borbón.

Al otro lado de la empalizada del Poder, los miles de jueces y fiscales que en las trincheras de un juzgado de pueblo se dejan la vida por nuestra seguridad haciendo cumplir la ley, malviven abrumados por una carga de trabajo insoportable, sin medios materiales, sin concursos, sin jueces sustitutos, dejándose la vida a pedazos cada día. La Ley de Reforma del Poder Judicial del año 2004 estableció un mecanismo por el que, para poder aprovechar la experiencia de los jueces de mayor edad del TS y siempre que lo exigieran las necesidades del servicio, se pudiera prorrogar a los mejores (“Magistrados eméritos”) por un año natural una vez cumplida la edad de jubilación, mediante evaluaciones que volvían a repetirse al finalizar el ejercicio. Pero el sistema se pervierte, como casi todo en España que tiene que ver con el usufructo del Poder, de forma que a finales de 2012, ya con Gallardón al mando de la cosa, termina por convertirse en un derecho adquirido de todos los jueces del Supremo al cumplir la edad de jubilación. Como es obvio, nadie renuncia, ningún magistrado se va a su casa, no importa su estado físico o mental, todos quieren seguir disfrutando de la canonjía de unos ingresos de 6.000 euros mensuales frente a los 1.800 de la jubilación y ello prácticamente por no hacer nada.

Con el caso de la Infanta, Gallardón está ofreciendo todo un recital de utilización torticera de la Justicia con fines privados

A consecuencia de lo cual, en el TS está ocurriendo lo que era de prever. La Sala Segunda, por ejemplo, constituida por un presidente y 32 magistrados, cuenta ahora mismo con 38 magistrados, porque la plaza del que “oficialmente” se jubila hay que cubrirla por ley, pero el jubilado no se va a casa, se queda, con lo que la plantilla –en todas las Salas hay magistrados “eméritos”- ha empezado a incrementarse de forma llamativa en esta época de teóricos recortes para todos. Pues bien, lo que desde diciembre de 2012 era una prebenda para los jueces del Supremo, va a serlo también ahora para los fiscales del Supremo, en particular para los fiscales de Sala y para los jefes de las llamadas Fiscalías Especiales (esas a menudo pintorescas Fiscalías que se inventó Cándido Conde-Pumpido -Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Delitos Informáticos, Extranjería, Medio Ambiente…-, algunas muy al gusto del superpolicía de Hollywood, tan alejado de la función primigenia que nuestro Derecho confiere al fiscal como representante de Ministerio Público en un proceso penal), en suma, para la cúpula de la carrera fiscal, a menudo formada por quienes han mostrado suficiente afinidad ideológica con Cándido, antes, y con Eduardo Torres-Dulce, ahora.

¿Qué hace Torres-Dulce cuando llega al cargo? “Yo pensé que iba a cambiar de arriba abajo esta situación”, asegura un fiscal del TS avergonzado con lo que está ocurriendo, “porque él se había mostrado ácidamente crítico con los métodos de Cándido para apacentar a jueces y fiscales del Supremo. Al menos es lo que nos decía a los amigos cada vez que surgía el tema. Pues bien, ha hecho justo lo contrario de lo que decía o, dicho de otro modo, ha consolidado la obra de Cándido. Ha hecho más: se ha dedicado a promover a no pocos de los protegidos de Cándido, a gente de izquierdas (caso de la exportavoz del CGPJ Gabriela Bravo). Estos favores no son gratuitos. Eduardo aspira a convertirse en magistrado del Constitucional, y para eso necesita el visto bueno o el respaldo del PSOE, razón de más para que la gente que le ha acompañado en la travesía de la vida esté que trina con él…” 

Un apaño en toda regla

“Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, una vez jubilados y a propuesta del Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, serán designados por el Gobierno Fiscales de Sala Eméritos en el Tribunal Supremo”, dice el Artículo 10, Capítulo II, Título III del proyecto (…) “El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado” (…) “Y de acuerdo con las necesidades de refuerzo en la Fiscalía del Tribunal Supremo” (…) “Los Fiscales de Sala Eméritos en el Tribunal Supremo tomarán posesión ante el Fiscal General del Estado una vez hecho el nombramiento por el Gobierno” (…) “Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado”. Un apaño en toda regla. Lo más llamativo del caso es que, para los Fiscales de Sala, esa prórroga de actividad hasta los 75 años no precisa de la existencia de necesidades del servicio; es un premio que se concede de forma automática por ser vos quien sois y aunque sus supuestos servicios al Ministerio Público no sean necesarios. Ni siquiera se exige una evaluación anual de las capacidades intelectuales de los agraciados, que a esa edad y en algunos casos tal vez pudieran empezar a verse mermadas.

El proyecto también prorroga la vida activa del resto de Fiscales del Supremo (aunque no tengan categoría de Fiscales de Sala) y de las Fiscalías Especiales, aunque, en estos casos al menos, se trata de cubrir las apariencias supeditando la concesión de la prórroga a las necesidades del servicio, unas “necesidades” que se suelen encubrir bajo la socorrida fórmula de las labores de “coordinación”, “unificación de criterios”, “impartición de instrucciones generales”, etcétera. La dura realidad es que las necesidades del Ministerio Fiscal no están en el TS, ni en el Constitucional (TC), ni en las Fiscalías Especiales (auténticos camelos inoperantes en su mayor parte). Las necesidades están en las Audiencias Provinciales, en las Fiscalías de Área y en las Secciones Territoriales, esas “trincheras” donde miles de jueces y fiscales tratan diariamente de hacer cumplir la ley, llevándose con frecuencia trabajo a casa, con escasos medios y sin ningún protagonismo mediático.

El poder político vuelve a blindarse, a taponar la posibilidad de que los escándalos de corrupción lleguen a buen puerto

El favor de Gallardón a la elite de jueces y fiscales constituye una obscena visión aristocrática de un Cuerpo del Estado, que de esta forma blinda sus privilegios en la consideración de que las jubilaciones a su debido tiempo –las que corresponden a todo hijo de vecino-, son cosa de “obreros” sin cualificación. Hace un par de semanas, más de 200 fiscales hacían pública una carta dirigida a Torres-Dulce, en la que manifestaban su malestar por la falta de medios para investigar los casos de corrupción y por el exceso de carga de trabajo tras los recortes que han sufrido. El poder político no hace sino blindarse una vez más, taponar la posibilidad de que los escándalos de corrupción que le afectan lleguen a buen puerto, en el convencimiento de que, traspasada la primera instancia, los asuntos terminarán por encallar definitivamente en el TS. El caso Bárcenas, por ejemplo. El Consejo de Ministros del viernes, a propuesta de Gallardón y Torres-Dulce, renovó a Antonio Salinas como fiscal jefe Anticorrupción. Nadie duda de que Salinas, 65 años, que lleva ya una década en el puesto, acabará su carrera como Fiscal Emérito dentro de otros 10, tras haber rendido múltiples servicios al Poder político.

La Infanta y los juegos de poder de Gallardón

Con el caso de la Infanta Cristina, Gallardón está ofreciendo todo un recital en lo que a utilización torticera de la Justicia con fines privados se refiere. El escándalo del yerno del Rey ha dado oportunidad a don Alberto de volver a poner los pies en Palacio y restablecer la relación con la familia real, muy deteriorada después de su affaire con María Zurita. “Esto lo resuelvo yo”. La aparición en escena de jueces como José Castro, un hombre honrado que aspira a llegar a la edad de jubilación con su honor intacto, ha truncado de momento esos planes, pero su ambición sigue intacta: la pieza de la Infanta no se le puede escapar, porque en su imaginario ese es un peldaño fundamental para alcanzar un día la Presidencia del Gobierno, con el eficaz apoyo de Juan Carlos I.    

Un elemento más, en suma, del imparable proceso de degradación de la Justicia española, que con Gallardón ha perdido los restos de esa independencia que la propia Constitución del 78 le garantizaba, y que camina, con la ayuda de su amigo Torres-Dulce, y del nuevo presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes –brazo ejecutor de Gallardón en el desmantelamiento del Consejo- hacia su definitivo sometimiento a los dictados del Ejecutivo, eso sí, con dinero público de por medio.

Publicado o 26/01/2014 en www.vozpopuli.com

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La justicia según Ruiz-Gallardón: reformar para controlar

Por Gonzalo Boyé

Alberto Ruiz-Gallardón, quien como alcalde de Madrid endeudó la ciudad hasta límites inimaginables, como ministro está "endeudando" a la Justicia hasta puntos inadmisibles desde la perspectiva de lo que debería ser un moderno Estado de derecho, siendo su última "hazaña" la próxima reforma de la ley del aborto.

Esa "deuda" de la Justicia se refleja en un creciente déficit democrático y de garantías cuyo punto álgido no será otro que la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que se pretende sustituir por lo que se ha dado en llamar "Código Procesal Penal". Nadie discute la necesidad de una reforma integral del proceso penal, lo que sí se cuestiona es hacia dónde y cómo nos quieren llevar y las consecuencias que se generarían de ver la luz este proyecto de Ruiz-Gallardón. Veamos hacia dónde nos llevará, en caso de implementarse, y cuán endeudada dejará la Justicia.

Para comprender la magnitud y gravedad del tema, comencemos por señalar en un lenguaje profano y claro -y, también, de forma resumida- que las normas procesales no son otra cosa que el Derecho constitucional aplicado, es decir, la ley que regula el cauce por el cual debe discurrir un proceso penal para mantenerse dentro del ámbito del respeto a las garantías constitucionales. Pues bien, hay tres elementos en el proyecto de Gallardón que cuestionan esta exigencia: la atribución de la instrucción al ministerio fiscal; la introducción del principio de oportunidad penal; y la supresión de la acusación popular, quedando limitada a niveles inadmisibles desde la perspectiva constitucional.

"No se discute la necesidad de reformar el proceso penal, sino los objetivos buscados por el proyecto de Ruiz-Gallardón"

Con relación al primer elemento, hay que tener en consideración que uno de los ejes principales sobre los que bascula esta reforma procesal penal es la "entrega" de la instrucción de las causas penales al fiscal; medida que, tomada de forma aislada, se entronca con los criterios que en materia de proceso penal siguen muchos países de nuestro entorno y que, por sí misma, parece un acierto. Actualmente instruye un juez bajo el control de legalidad del fiscal, superponiéndose en muchos casos el papel de uno y otro; y, sobre todo, desvirtuándose la imparcialidad del instructor que, en términos prácticos y de garantías procesales, acaba siendo juez y parte.

Nada cabría decir sobre el fiscal instructor que pretende Ruiz-Gallardón si esa reforma fuese acompañada y acompasada de otra de mayor calado: una reforma del Estatuto Fiscal que dotara a dicho ministerio público de la independencia del poder político -que hoy no tiene- y que al mismo tiempo incrementara la independencia jerárquica frente a la actual incomprensión de muchas de las posiciones procesales que adoptan determinados fiscales en casos de amplia relevancia política. Sin un fiscal independiente -política y jerárquicamente hablando- difícilmente se puede hacer un acto de "entrega" como el que pretende la reforma procesal penal.

En resumen, el proyecto de Ruiz-Gallardón supone entregar la instrucción a una persona que depende jerárquicamente de otra, el Fiscal General del Estado, quien a su vez es un cargo de libre designación política. La gravedad de esta reforma se aprecia con un simple ejemplo: ¿se imaginan que sucedería si el caso Noos o el caso Bárcenas fuesen instruido por un fiscal dependiente jerárquicamente en lugar de por un juez independiente e inamovible? Creo que todos conocemos la respuesta.

En segundo lugar, y junto con la "entrega" de la instrucción al fiscal, Ruiz-Gallardón pretende introducir el principio de oportunidad penal; dicho en términos muy simples, este principio no es otra cosa que la capacidad del fiscal de decidir sobre el ejercicio o no de acciones penales en contra de determinada persona o por ciertos hechos en función de criterios de oportunidad, y no de legalidad.

En muchos países existe este principio y no suele generar grandes problemas. Se usa de forma adecuada por parte de determinadas personas, los fiscales, que gozan de plena autonomía para decidir, en función de criterios de oportunidad bastante reglados, el ejercicio o no de la acción penal y, en su caso, en contra de quién.

Pero volvamos al ejemplo anterior: ¿Se imaginan que un fiscal, en el esquema actual de la fiscalía, estuviese instruyendo casos como el de Noos o el de Bárcenas y pudiese decidir si ejercita la acción penal o no y en contra de quién? Es más que probable que en el caso Noos el único acusado sería Diego Torres y en el de Bárcenas no habría ningún acusado.

En tercer lugar, last but not least, Ruiz-Gallardón pretende limitar el ejercicio de la acusación popular -reconocida en el art. 125 de nuestra Constitución- a unos determinados casos pero excluyendo su ejercicio por parte de personas jurídicas, asociaciones. Así pues, si dicha reforma es finalmente aprobada desaparecerían las acusaciones populares que, en casos como los que vengo utilizando como ejemplo, son las auténticas dinamizadoras de esos procesos. De esta manera, pretender limitarlas a unos concretos supuesto, y especialmente sólo para ser ejercitada por personas naturales y no jurídicas, no es más que una forma siniestra de burlar la imposición constitucional de la existencia misma de esta institución.

De nuevo, un ejemplo vale más que mil palabras: ¿se imaginan el estado actual de procesos como el del Instituto Noos o el caso Bárcenas sin la actividad y existencia de las acusaciones populares? Es claro que esas causas, seguramente, no existirían o no se habrían judicializado jamás.

Obviamente, la reforma procesal penal que pretende Ruiz-Gallardon incluye muchas más cosas que las aquí analizadas pero, sin duda, de estos tres puntos se pueden sacar muchas conclusiones de cara al auténtico objetivo que con la misma se pretende: reformar para controlar, es decir, bajo el manto de una alegada modenización de la justicia penal emprender un camino de reforma para, en realidad, llevarla a un marco que permita, a políticos y poderosos, un control férreo no ya del proceso penal sino, sobre todo, de la propia existencia o gestación del mismo.

La reforma procesal penal es una necesidad, incluso urgente, pero en algo tan delicado como la justicia penal ha de actuarse bajo el viejo dicho de "vísteme despacio que tengo prisa". Y, sobre todo, con luces y taquígrafos, para que el producto final sea algo que surja de un consenso democrático y no de un mero intento de controlar, más si cabe, a la propia Justicia. En aquellos países en que se ha abordado una reforma integral del proceso penal, esta ha sido fruto del consenso y, sobre todo, de una aplicación estricta de criterios técnicos que han permitido que se transforme en mecanismos dinamizadores de la Justicia y no en meros instrumentos de control generadores de ámbitos de impunidad indeseada en nuestra sociedad.

En un momento de escándalo social por el nivel de penetración de la corrupción en las instancias de poder, la única respuesta política que se anuncia es una reforma del Código penal con el endurecimiento de las penas para esos delitos. Pero esto no es más que un engaño si, en paralelo, se lleva a efecto la reforma procesal penal pretendida por Ruiz-Gallardón. Da igual la pena que se pueda imponer si al final ese fiscal instructor, recibiendo órdenes, podrá acudir al principio de oportunidad penal para no acusar ni judicializar y, a la vez, no habrá acusaciones populares que puedan ejercitar dicha acción.

Los caminos de la impunidad son múltiples y variados. De aprobarse, esta reforma nos llevará a un punto peor de aquel en que hoy nos encontramos: la impunidad absoluta. Y, recordemos, la impunidad también es corrupción.

Publicado o 21/01/2014 en www.eldiario.es/contrapoder

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Ruiz-Gallardón anuncia la creación de la primera ‘sala de justicia amigable’ para menores de edad

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la directora del departamento de Justicia y Dignidad Humana del Consejo de Europa, Marja Ruotanen, han inaugurado esta mañana en Madrid la Conferencia Prevenir el abuso sexual infantil, un foro de encuentro para especialistas internacionales donde se han discutido soluciones normativas para perseguir estas conductas delictivas y mejorar la protección de los derechos de los menores.

Durante este acto, Ruiz-Gallardón ha anunciado el arranque en Murcia de la iniciativa piloto en la Administración de Justicia de las denominadas salas de justicia amigables. Se trata de una serie de espacios ubicados en los juzgados y destinados al trabajo de los psicólogos, la exploración de los menores víctimas de abusos y su declaración judicial en un entorno de confianza que, a través de un sistema de video vigilancia, permitirá mantener la comunicación con el tribunal e incorporar el testimonio del niño al procedimiento sin que se produzca su victimización secundaria o reiterada (la que se origina cuando tienen que ver a su agresor en el juicio). Esta idea ya aparece regulada en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas de Delito, que tiene vocación de ser el catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas.

Según ha explicado Gallardón, las obras de estas salas comienzan ahora y concluirán en marzo de 2014, de manera que pxuedan entrar en funcionamiento en el segundo semestre del nuevo año. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha sido la institución responsable elegida para el desarrollo de esta iniciativa piloto. En la actualidad existen algunas salas similares en Andalucía, pero no dependen de la Administración de Justicia, sino de ONGs y asociaciones que trabajan con menores.

Reformas legislativas

El ministro de Justicia ha destacado que la revisión que se realiza en la actualidad de la normativa civil y administrativa permite reforzar el interés superior del menor ante los poderes públicos, para protegerle contra toda forma de violencia, incluidos los abusos sexuales y la explotación, así como para considerar causa de desamparo dichos abusos cuando sean cometidos por personas de la unidad familiar o por terceros con consentimiento de éstas, o cuando exista el riesgo de explotación sexual.

Además, todas las medidas referidas a menores que se incluyen en la nueva reforma del Código Penal están inspiradas en el Convenio de Lanzarote. Este acuerdo del Consejo de Europa del año 2007, firmado por 46 Estados y ratificado por 29, marca el camino para acabar con la impunidad y elevar la protección de los menores. El Gobierno, con esta reforma, da una respuesta penal suficiente y adecuada a los abusos sexuales cometidos sobre los menores, de acuerdo a la gravedad de estas conductas.

En este sentido, las novedades incluidas en el nuevo Código Penal son:

    La edad de consentimiento sexual se eleva con carácter general a los 16 años

    Se tipifica como delito el hacer presenciar a un menor de edad actos de naturaleza sexual

    Se mejora el tratamiento penal de los delitos de explotación de esta índole, con nuevas herramientas para luchar contra la pornografía infantil

    La asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que intervengan menores será sancionada, como las imágenes realistas de menores participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no obedezcan a actos realmente ocurridos

    Se castiga la adquisición para uso propio de pornografía infantil, con especial atención al acceso a sabiendas a estos contenidos por medio de las tecnologías de la comunicación

    Se faculta a jueces y tribunales para que puedan ordenar las medidas necesarias para la retirada de páginas web de esta naturaleza

    Se refuerza la protección en internet al introducir un nuevo tipo delictivo destinado a sancionar a quien contacte con un menor de 16 años y trate de embaucarle para que le facilite material pornográfico

    Se penaliza a quien, teniendo bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad, y conociendo su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedirlo o no acuda a la autoridad competente con ese fin

A esta conferencia han acudido representantes de los ministerios de Justicia y de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, además de un nutrido grupo de expertos y profesionales de todos los ámbitos vinculados a la prevención del abuso sexual infantil (psicólogos, pediatras, abogados, jueces, magistrados, etc…).

Publicado o 10/12/2013 en www.diariojuridico.com

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Gallardón recula y anula la devolución de los 'moscosos' a los funcionarios de Justicia

El ministro deja sin efecto el acuerdo de hoy. Recuperarán finalmente los 'moscosos' cuando lo haga el resto de funcionarios de la Administración General del Estado

Los funcionarios de la Administración de Justicia, dependientes del territorio no transferido y gestionado por el Ministerio, recuperarán los días de libre disposición, conocidos como moscosos, cuando lo haga el resto de funcionarios de la Administración General del Estado, que será cuando las circunstancias económicas lo permitan.

El Ministerio de Justicia explica en un comunicado que ha decidido homologar los días de libre disposición de los funcionarios de la Administación de Justicia al régimen general del resto de funcionarios del Estado y, por ello, acuerda "dejar sin efecto" la instrucción firmada este mismo jueves por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

En esta instrucción se reordenaban los procesos de nombramiento interino por bajas laborales y se compensaba con tres días de libre disposición adicionales a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia. "En virtud de ese acuerdo provisional, que ahora queda sin efecto, se procedía a una compensación por la que no se cubrirían las bajas inferiores a tres meses que se produjeran en los juzgados", explica Justicia.

De esta forma, el Ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón dice quedar a la espera de conocer cuáles son "los términos exactos" a los que, en su caso, se acoja la modificación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con carácter general para todos los funcionarios públicos, y que se extenderá a todo el ámbito de la Administración de Justicia.

El ministro Cristóbal Montoro anunció recientemente en el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 la posibilidad de recuperar alguno de los denominados 'moscosos' en función de la mejora de la economía. Por ello, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia convocará próximamente a los sindicatos para abordar la nueva situación y seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de nuevos acuerdos en la mesa sectorial de negociación.

El territorio Ministerio, a los que afectaba la instrucción, está formado por las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de Justicia, esto es Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, así como Ceuta y Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El sindicato CSI-F informó horas antes de la instrucción por la cual estos funcionarios recuperarían a partir de este viernes los días moscosos y animaba al Gobierno a seguir el ejemplo alcanzado por Justicia para iniciar la senda de recuperación paulatina de derechos laborales, como la paga extra de Navidad o el resto de días de libre disposición.

Publicado o 14/11/2013 en www.publico.es

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Gallardón renuncia a ‘privatizar’ el Registro

"Todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, sin excepción", afirman desde el ministerio

 El Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace un año una Ley de Reforma Integral de los Registros que encomendaba la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad, quitándosela a los jueces, y abría la puerta a cobrar al ciudadano por algunos trámites ahora gratuitos (aunque la mayoría seguía siendo gratis). Desde entonces el borrador de esa ley ha dormido en un cajón, y este jueves Justicia confirmó a EL PAÍS que ya no se aprobará en esos términos. “Si el Registro pasa a ser gestionado por otros funcionarios que no sean jueces, cosa que está por decidir, todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, sin excepción”, afirmó el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo.

El anuncio de la Ley de los Registros había levantado una gran polémica porque algunas asociaciones de jueces y secretarios judiciales veían en ella un paso hacia la privatización. El ministerio había alegado que el objetivo era descargar los juzgados de asuntos que no son exactamente judiciales sino burocráticos, y aseguraba que el 80% de los trámites que lleva el Registro —inscripción de nacimientos, defunciones, adopciones o tutelas— seguiría siendo gratis. Pero eso no aplacó las críticas. Por otro lado, y paradójicamente, Justicia no terminaba de convencer a los registradores de la propiedad —que ya habían estado gestionando gratis durante meses las solicitudes de nacionalidad— de que asumieran esa nueva carga de trabajo. En definitiva, el borrador de la ley fue topando con un obstáculo tras otro, de signo contrario, y ha acabado aparcado.

“El ministerio ya no asume aquel proyecto”, insiste Bravo. Justicia no renuncia a la ley, pero va a empezar de cero y está por ver si el Registro Civil pasa a los registradores de la propiedad, a los notarios, a los secretarios judiciales o sigue en manos de los jueces. Y, en cualquier caso, no se cobrará por ningún trámite.

Bravo también aseguró que el arancel que cobrarán los notarios por celebrar bodas —unos 95 euros— incluirá todo el procedimiento: la instrucción previa (para comprobar que el matrimonio no tiene impedimentos legales), la celebración y la inscripción posterior en el Registro Civil.

Publicado o 31/10/2013 en www.elpais.com

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