El Gobierno quiere traspasar el Registro Civil a los registradores de la propiedad
Jueces, secretarios y notarios critican el proyecto y aseguran que el ciudadano tendrá que pagar
La reforma del Registro Civil aprobada al final del mandato del anterior Gobierno socialista con el apoyo de todos los grupos políticos corre el riesgo de morir antes de aplicarse. La norma fue apoyada por todos los grandes partidos en julio de 2011. También por el Partido Popular, Izquierda Unida, los nacionalistas... Todos votaron a favor. La ley acababa con una organización secular en la que al frente de ese organismo —en el que se inscriben los nacimientos, matrimonios, divorcios, hijos o defunciones— estaban jueces de primera instancia para dejar su llevanza a los secretarios judiciales y a los funcionarios con la licenciatura en Derecho. La informatización de su contenido y la interconexión de los diferentes registros hacían ya innecesaria la tradicional dirección de los magistrados que podrían así dedicarse a juzgar en lugar de a estas labores estrictamente burocráticas. Y todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo.
Año y medio después, ese acuerdo se ha hecho añicos. Sin permitir que la norma entre en vigor —dada su complejidad y el necesario traspaso de los jueces a los secretarios y funcionarios se estableció para julio de 2014— el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha cambiado de idea y ha decidido entregar la dirección del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, un cuerpo de funcionarios que no cobra un sueldo mensual del Estado, sino un arancel por cada una de las operaciones en las que intervienen y que va directamente a su bolsillo. Además, a pesar de que se les selecciona por oposición, son autónomos en la organización de sus oficinas que funcionan como empresas en muchos aspectos, por ejemplo, el de contratar a su personal, que no es funcionario.
El Gobierno afirma que no habrá que abonar los registros obligatorios
El cambio, recogido en un nuevo borrador de anteproyecto que se encuentra todavía en fase de estudio y no tiene fecha de entrada en el Consejo de Ministros, ha roto el consenso político y ha puesto en pie de guerra a todos los sectores afectados: notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces (salvo la conservadora APM) han puesto el grito en el cielo. En su opinión, la reforma supone la privatización de este servicio público en perjuicio del ciudadano, que tendrá que pagar por inscripciones y certificaciones que ahora son gratuitas. Los registradores se convertirán además en una suerte de ojo que todo lo ve que controlará desde los actos más íntimos, como el nacimiento o el matrimonio, hasta las principales transacciones de los 46 millones de españoles.
El pasado 12 de marzo, el director general de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Joaquín Rodríguez (de profesión, registrador, al igual que el presidente del Gobierno), aseguró que la mayoría de actos cuya inscripción es obligatoria, como los nacimientos o defunciones, así como sus certificaciones, seguirían siendo gratuitos para el ciudadano. Pero el borrador de anteproyecto también recoge otros hechos a inscribir como el régimen económico del matrimonio —si se trata de sociedad de gananciales o de separación de bienes—, el domicilio, los poderes de representación o el cambio de nombre, cuyos aranceles —el precio a pagar— se están valorando. Por lo pronto, la última versión del borrador solo exime expresamente del pago a las administraciones públicas. Ni una palabra sobre el resto de los usuarios, es decir, el conjunto de los ciudadanos. La reforma se plantea en un momento en el que los registradores —que cobran en función del número de inscripciones, notas simples y certificaciones que realizan— han visto reducirse de manera notable sus ingresos con la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Puede que, con el nuevo anteproyecto, algunos conceptos queden exentos de pago, como mantiene el Gobierno, pero por otros parece claro que habrá que pagar. El propio decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, aseguró ayer que eso es lo que se está barajando. “La idea que queremos transmitir al ministerio es que no sean los ciudadanos los que paguen al consultar el registro civil, sino las empresas con las que contraten y que necesiten acceder telemáticamente a esos datos”, afirma el decano, gran defensor de la reforma. Candau estima que la cantidad que se podría pagar por cada una de estas consultas sería de “unos cuatro o cinco euros”, pero, acto seguido, reconoce que lo normal es que esas empresas, después, repercutan esos costes en sus clientes.
El borrador solo exime de pago expresamente a las administraciones
Para asumir las tareas del Registro Civil, los registradores tendrán que asumir una importante carga de trabajo adicional y realizar inversiones que deberán ser remuneradas. Sobre todo, porque el borrador de anteproyecto del Gobierno amplia sustancialmente los hechos inscribibles. Hasta ahora, en él tienen cabida el nacimiento, la filiación, el nombre y apellidos, la emancipación, la limitación de la capacidad de las personas declaradas en concurso de acreedores, las declaraciones de ausencia y fallecimiento (para desaparecidos), la nacionalidad, la patria potestad y la tutela, el matrimonio y la defunción. El plan es que también incluya las uniones de hecho, los poderes (para ir a juicio, para gestionar el patrimonio o hacer algún negocio), el domicilio, los seguros de vida o los testamentos.
El Gobierno justifica la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad por la necesidad de reformarlo y modernizarlo con el menor coste posible para el Estado y advierte que el servicio público, tal y como está configurado, cuesta 450 millones de euros al año. “Ellos [los registradores] disponen de los medios humanos y técnicos para poder hacerlo”, dijo la semana pasada el director general, que presenta el encargo a ese cuerpo como “un sacrificio” que esos funcionarios deben aceptar en época de crisis y no como un privilegio. Sin embargo, los secretarios judiciales —los funcionarios que estaban llamados a ocuparse del registro en la ley que el Gobierno ahora trata de reformar— rechazan que el nuevo sistema represente un gran ahorro. “Sustituir a los jueces como encargados del registro por secretarios u otros funcionarios de carrera no hubiera supuesto ningún coste adicional porque las plazas se hubieran cubierto por concurso y las hubieran cubierto los que ya trabajaban en esas oficinas”, explica Rafael Lara, el presidente del Colegio de Secretarios Judiciales.
Lara recuerda que el Estado deberá seguir pagando el salario de todos estos funcionarios en su nuevo destino. “Los secretarios somos los funcionarios más indicados para realizar esa labor. Somos fedatarios públicos, actuamos con independencia y estamos especializados en ese tipo de asuntos de jurisdicción voluntaria [los que no implican conflicto con otra parte, a diferencia de los juicios]”. Además, sostiene Lara, cobran cada mes de la administración y no por arancel. “No me opongo a que se pague algún tipo de tasa por inscripciones y certificaciones, pero siempre que sirvan para mejorar el servicio”, añade Lara.
Otra de las reticencias que ha levantado la propuesta es que los registradores tienen un régimen especial que los sitúa, de hecho, fuera de la jerarquía de la Administración. Según el anteproyecto de Justicia el ciudadano puede recurrir contra sus actos a la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, su órgano directivo, en caso de que se le deniegue la inscripción o no se esté de acuerdo con la minuta a pagar, por ejemplo. Pero el registrador no tiene por qué aceptar la resolución de ese organismo —como sí haría un secretario judicial o un funcionario— y puede recurrirla al juez. Candau, el decano de los registradores, confirma que la idea es que ese sistema siga vigente cuando hereden el registro civil. Y este último es utilizado, más tarde o más temprano, por todos los ciudadanos.
Pero, además, la reforma deja en manos de este cuerpo de funcionarios otros registros hasta ahora separados. A los que tienen encomendados, el de la propiedad y el mercantil, se suman el civil, el de seguros de cobertura de fallecimiento (de vida) y el de actos de última voluntad (testamentos). Para el decano de los registradores, esto supondrá “un ahorro de costes y de tiempo” para el ciudadano, que pondrá fin “a ese viacrucis de ir de un registro al otro”. “Todo estará junto, en el mismo lugar, y será accesible por medios telemáticos”, explica Candau. Sin embargo, la exdirectora general de Registros y del Notariado Pilar Blanco-Morales, asegura que lo que supone en realidad esa acumulación de información es la creación de una suerte de Gran Hermano. “España se convertirá en un Estado registral que entrega a los registradores el derecho a la privacidad”, escribió en un artículo publicado en EL PAÍS el 9 de enero. “Un Estado en que los registradores carecerán de límites para interferir en la vida de las personas y controlarán el ejercicio de derechos civiles y políticos”.
Este cuerpo asumirá el Registro Civil, de vida y de últimas voluntades
La propuesta también ha suscitado las críticas de los notarios, a pesar de que les atribuye los matrimonios, por los que también cobrarán un arancel. Algunos aseguran que la reforma los posterga respecto a los registradores a pesar de que ellos tienen la misma formación. “Nosotros somos los testigos de los negocios jurídicos de los que damos fe, pero la reforma quita sentido a nuestra función, ya que ellos, a la hora de inscribir, harán el control de legalidad último y podrán rechazar nuestras escrituras”, afirman. El presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, se muestra, sin embargo, más conciliador. “Se trata de un anteproyecto retrógrado, porque supondrá más trámites para el ciudadano al tener que acudir para todo al registro”, afirma. Supone una mayor burocratización, mayores trabas y barreras, cuando la situación económica aconseja lo contrario”. García Collantes se queja, además de que no se les haya tenido en cuenta a la hora de redactar la propuesta. “Necesitamos una buena ley consensuada entre todos. Esta no nos gusta”, concluye.
